Código de Procedimiento Penal del Ecuador


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 Código de Procedimiento Penal  del Ecuador: 24 de Marzo de 2009 - R. O. No. 555

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Código de procedimiento penal 24 marzo 2009 de la República del Ecuador

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Martes, 24 de Marzo de 2009 – R. O. No. 555

SUPLEMENTO  ASAMBLEA NACIONAL  

COMISION LEGISLATIVA Y

DE FISCALIZACION   LEY:

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Y

AL CÓDIGO PENAL

REFORMAS AL CÓDIGO DE

PROCEDIMIENTO PENAL

 

Art. 1.- Luego del artículo 5 del Código de Procedimiento Penal, agréguense los siguientes artículos innumerados: 

Art….- Debido proceso.- Se aplicarán las normas que garanticen el debido proceso en todas las etapas o fases hasta la culminación del trámite; y se respetarán los principios de presunción de inocencia, inmediación, contradicción, derecho a la defensa, igualdad de oportunidades de las partes procesales, imparcialidad del juzgador y fundamentación de los fallos.  

Art….- Contradictorio.- Las partes tendrán derecho a conocer y controvertir las pruebas, así como a intervenir en su formación. El juez resolverá con base a los argumentos y elementos de convicción aportados. El juez carecerá de iniciativa procesal.  

Art….- Oralidad.- En todas las etapas, las actuaciones y resoluciones judiciales que afecten los derechos de los intervinientes se adoptarán en audiencias donde la información se produzca por las partes de manera oral. No se excluye el uso de documentos, siempre que estos no reemplacen a los peritos y testigos, ni afecten a las reglas del debido proceso y del principio contradictorio. 

Queda prohibida la utilización por parte de los juzgadores de elementos de convicción producidos fuera de la audiencia o contenidos en documentos distintos a los anotados en el inciso anterior, salvo las excepciones establecidas en este Código.  

Art….- Mínima intervención.- En la investigación penal, el Estado se sujetará al principio de mínima intervención. En el ejercicio de la acción penal se prestará especial atención a los derechos de los procesados y ofendidos. 

Art. 2.- Sustitúyase el numeral 3 del artículo 21 y añádase el numeral 4 al mismo artículo: 

3.- Cuando no fuere posible determinar el lugar de comisión del delito, o el delito se hubiere cometido en varios lugares, o en uno incierto, será competente el juez de garantías penales del lugar del domicilio del procesado, siempre que éste llegare a establecerse, aunque estuviere prófugo. Si no fuere posible determinar el domicilio será competente el juez de garantías penales del lugar donde se inicie la instrucción fiscal. La resolución de instrucción fiscal se dictará en el lugar donde se encuentren los principales elementos de convicción. 

4.- Cuando se hubieren cometido infracciones conexas de la misma o distinta gravedad, en un mismo lugar o en diversos lugares, habrá un solo proceso penal ante la jurisdicción donde se consumó el delito más grave. 

Art. 3.- Sustitúyase el artículo 27 por el siguiente:  

Art. 27.- Competencia de los jueces de garantías penales.- Los jueces de garantías penales tienen competencia para: 

1)     Garantizar los derechos del procesado y ofendido conforme a las facultades y deberes establecidos en este Código, la Constitución y los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos; 

2)     Tramitar y resolver en audiencia, en la fase de indagación previa y etapa de instrucción fiscal, la adopción, exención, revisión, fijación de plazo y control de necesidad de mantención de medidas cautelares; 

3)     Tramitar y resolver en audiencia las solicitudes de archivo procesal, desestimaciones, acuerdos reparatorios, suspensiones condicionales al procedimiento y conversiones; 

4)     Tramitar y resolver en audiencia el juzgamiento de delitos de acción privada; 

5)     Conocer y resolver las solicitudes que se presenten en la audiencia preparatoria; 

6)     Conocer y, de ser el caso, dictar correctivos en audiencia para subsanar posibles violaciones o limitaciones a los derechos del procesado, en razón de actuaciones ilegítimas de la Fiscalía o Policía;

7)     Conocer y resolver solicitudes temporales de mantención de reserva de elementos de convicción y otros documentos hasta que se efectúen ciertas prácticas investigativas;  

8)     Determinar, con base a los elementos de convicción, el monto de los daños y perjuicios causados, para garantizar la reparación de los ofendidos;  

9)     Ejecutar la sentencia condenatoria en lo referente a la reparación económica; y,  

10)   Las demás previstas en la ley.

 Art. 4.- En artículo 28.2, a continuación de la expresión “procedimiento abreviado,” agregar la expresión “procedimiento simplificado”.

Art. 5.- En el artículo 31, numeral 1, literal a), luego de la expresión “que se hubiera propuesto”, agréguese lo siguiente: 

“Siempre que no hubiera sido posible determinarse los perjuicios en la misma sentencia o si la determinación hubiese sido parcial,”.

Y en el numeral 1, literal c) luego de la expresión “la sentencia”, agréguese lo siguiente:

 “Si en esta igualmente no fue posible determinar los perjuicios, o si la determinación fue solo parcial”.

 Art. 6.- Sustitúyase el artículo 32, por el siguiente:

 Art. 32.- Clasificación.- Desde el punto de vista de su ejercicio, la acción penal es de dos clases: pública y privada.

 Art. 7.- En el artículo 33 suprímanse los incisos segundo y tercero.

 Art. 8.- Suprímase el artículo 34.

 Art. 9.- En el artículo 35 suprímase la frase “o de instancia particular”; y, a continuación del artículo, agréguese lo siguiente: “En los casos de acción privada será el juez de garantías penales quien podrá realizar tales actos, con notificación a la persona contra quien se presentará la diligencia”.

 Art. 10.- En el artículo 36 se realizan las siguientes modificaciones:

 7.1 Sustitúyase en el literal a) la palabra “mujer” por “persona”.

 7.2 Suprímase el literal g).

 7.3 Añádase a continuación del literal f), lo siguiente:

 g) La estafa y otras defraudaciones, excepto en los casos en que se determine que existen 15 o más víctimas u ofendidos por el mismo hecho antijurídico.

 h) La violación de domicilio;

 i) La revelación de secretos de fábrica;

 j) El hurto; y,

 k) Las lesiones que no superen los treinta días de enfermedad o incapacidad para el trabajo, excepto en los casos de violencia intrafamiliar y delitos de odio.

 Art. 11.- Sustitúyase el artículo 37 por el siguiente:

 Art. 37.- Las acciones por delitos de acción pública pueden ser transformadas en acciones privadas, a pedido del ofendido o su representante, siempre que el juez de garantías penales lo autorice. El fiscal podrá allanarse a este pedido; de no hacerlo, argumentará al juez de garantías penales las razones de su negativa.

 No cabe la conversión:

 a)     Cuando se trate de delitos que comprometan de manera seria el interés social;

 b)     Cuando se trate de delitos contra la administración pública o que afectan los intereses del Estado;

 c)     Cuando se trate de delitos de violencia sexual, violencia intrafamiliar o delitos de odio;

 d)     Cuando se trate de crímenes de lesa humanidad; o,

e)     Cuando la pena máxima prevista para el delito sea superior a cinco años de prisión.

Si hubiere pluralidad de ofendidos, es necesario el consentimiento de todos ellos, aunque solo uno haya presentado la acusación particular.

Transformada la acción cesarán todas las medidas cautelares que se hayan dictado.

Si el ofendido decide presentarse como querellante para iniciar la acción privada, será competente el mismo juez de garantías penales que conocía del proceso en la acción pública. El plazo para la prescripción de la acción privada correrá a partir de la resolución de la conversión.

La conversión procederá hasta el término de cinco días después de que el tribunal de garantías penales avoque conocimiento de la causa.

Art. 12.- A continuación del artículo 37, agréguense los siguientes artículos innumerados:

Art….- Acuerdos de Reparación.- Excepto en los delitos en los que no cabe conversión según el artículo anterior, el procesado y el ofendido, podrán convenir acuerdos de reparación, para lo cual presentarán conjuntamente ante el fiscal la petición escrita que contenga el acuerdo y, sin más trámite, se remitirá al juez de garantías penales quien lo aprobará en audiencia pública, oral y contradictoria, si verificare que el delito en cuestión es de aquellos a los que se refiere este inciso y que los suscriptores del acuerdo lo han hecho en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos. A esta audiencia deberán ser convocados el fiscal y el defensor, cuya comparecencia será obligatoria.

El acuerdo de reparación procederá hasta el plazo de cinco días después que el tribunal de garantías penales avoque conocimiento de la causa.

En la resolución en que se apruebe el acuerdo reparatorio se ordenará el archivo temporal de la causa. El archivo definitivo solo procederá cuando el juez de garantías penales conozca del cumplimiento íntegro del mismo.

La resolución que aprueba el acuerdo reparatorio tendrá fuerza ejecutoria; y, si no se cumpliere, el afectado podrá escoger entre las opciones de hacer cumplir el acuerdo o que se continúe la acción penal.

Los jueces de garantías penales llevarán un registro de los acuerdos de reparación aprobados, y se ingresarán en el sistema informático para conocimiento de todos los operadores de justicia.

Art….- Suspensión condicional del procedimiento.- En todos los delitos sancionados con prisión y en los delitos sancionados con reclusión de hasta cinco años, excepto en los delitos sexuales, crímenes de odio, violencia intrafamiliar y delitos de lesa humanidad; el fiscal, con el acuerdo del procesado, podrá solicitar al juez de garantías penales la suspensión condicional del procedimiento, siempre que el procesado admita su participación.

La suspensión se pedirá y resolverá en audiencia pública a la cual asistirán el fiscal, el defensor y el procesado. El ofendido podrá asistir a la audiencia y si quisiera manifestarse será escuchado por el juez de garantías penales.

Al disponer la suspensión condicional del procedimiento, el juez de garantías penales establecerá como condición una o más de las medidas contempladas en el artículo siguiente. Las condiciones impuestas no podrán exceder de dos años.

Durante el plazo fijado por el juez de garantías penales se suspende el tiempo imputable a la prescripción de la acción penal y a los plazos de duración de la etapa procesal correspondiente. Cumplidas las condiciones impuestas, el juez de garantías penales declarará la extinción de la acción penal.

Art….- Condiciones.- El juez de garantías penales dispondrá, según corresponda, que durante el período que dure la suspensión, el procesado cumpla una o más de las siguientes condiciones:

a)     Residir o no en un lugar determinado;

 b)     Abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas;

 c)     Someterse a un tratamiento médico o psicológico;

 d)     Tener o ejercer un trabajo o profesión, oficio, empleo, o someterse a realizar trabajos comunitarios;

 e)     Asistir a programas educacionales o de capacitación;

 f)     Reparar los daños o pagar una determinada suma al ofendido a título de indemnización de perjuicios o garantizar debidamente su pago;

 g)     Fijar domicilio e informar a la Fiscalía de cualquier modificación del mismo;

 h)     Presentarse periódicamente ante la Fiscalía u otra autoridad designada por el juez de garantías penales, y en su caso, acreditar el cumplimiento de las condiciones impuestas; e,

 i)      No tener instrucción fiscal por nuevo delito.

El juez de garantías penales resolverá en la misma audiencia la suspensión e impondrá la o las condiciones y el período durante el cual deben cumplirse. El ofendido u otros interesados podrán solicitar copia de la resolución. Dicha copia en poder del destinatario operará como una orden directa a la Policía para que intervenga en caso de que la condición esté siendo violada.

Art….- Revocación de la suspensión condicional.- Cuando el procesado incumpliere cualquiera de las condiciones impuestas o transgrediere los plazos pactados, el juez de garantías penales, a petición del fiscal o el ofendido, convocará a una audiencia donde se discutirá el incumplimiento y la revocatoria de la suspensión condicional. En caso de que en ella el juez de garantías penales llegue a la convicción de que hubo un incumplimiento injustificado y que amerita dejarla sin efecto, la revocará y se sustanciará el procedimiento conforme a las reglas del procedimiento ordinario. Revocada la suspensión condicional, no podrá volver a concederse.

Art. 13.- Sustitúyase el artículo 38 por el siguiente:

Art. 38.- El fiscal podrá solicitar al juez de garantías penales la desestimación, el archivo provisional y el archivo definitivo de las investigaciones.

Art. 14.- Sustitúyase el artículo 39 por el siguiente:

Art. 39.- Desestimación.- El fiscal solicitará al juez de garantías penales, mediante requerimiento debidamente fundamentado, el archivo de la denuncia, parte informativo o cualquier otra forma por la que llegue la noticia del ilícito, cuando sea manifiesto que el acto no constituye delito o cuando exista algún obstáculo legal insubsanable para el desarrollo del proceso.

La resolución del juez de garantías penales no será susceptible de impugnación. Si el juez decide no aceptar el pronunciamiento del fiscal, enviará el caso al fiscal superior, quien a su vez delegará a otro fiscal para que continúe con la investigación pre procesal o en su caso, prosiga con la tramitación de la causa.

Art. 15.- A continuación del artículo 39, agréguense los siguientes artículos innumerados:

Art….- Archivo Provisional y Definitivo.- En todos los delitos, en tanto no se hubiere iniciado la instrucción fiscal, el fiscal podrá solicitar al juez de garantías penales el archivo provisional de la investigación, cuando de ella no se haya podido obtener resultados suficientes para deducir una imputación. De encontrarse nuevos elementos de convicción, el fiscal podrá reabrir la investigación y proseguirá con el trámite.

Si no se llegaren a establecer elementos de convicción, la investigación penal se archivará definitivamente dentro de un año en los casos de delitos sancionados con prisión y dentro de dos años en los casos de delitos sancionados con reclusión.

El ofendido podrá solicitar al fiscal la reapertura de la investigación. Asimismo, podrá reclamar de la denegación de dicha solicitud ante el fiscal superior, quien tendrá facultad de revocar la decisión de archivo y disponer que se continúe con la investigación, decisión que la adoptará en el plazo máximo de diez días.

Transcurrido el plazo para el cierre de la indagación previa, el fiscal hará conocer al juez de garantías penales, quien verificará las exigencias legales y de ser el caso declarará la extinción de la acción y dispondrá el archivo definitivo del caso, calificando si la denuncia es maliciosa o temeraria.

Art….- En los casos de desestimación o archivo, si el juez de garantías penales considera improcedente este requerimiento, enviará el expediente al fiscal superior, quien dispondrá que se continúe con la investigación a cargo de un fiscal distinto al que solicitó la desestimación o archivo.

Art….- Oportunidad.- El fiscal en razón de una eficiente utilización de los recursos disponibles para la investigación penal y de los derechos de las partes, podrá abstenerse de iniciar la investigación penal o desistir de la ya iniciada cuando:

1.     El hecho constitutivo de presunto delito no comprometa gravemente el interés público, no implique vulneración a los intereses del Estado y tenga una pena máxima de hasta cinco años de prisión.

 2.     En aquellos delitos donde por sus circunstancias el infractor sufriere un daño físico grave que le imposibilite llevar una vida normal o cuando tratándose de un delito culposo los únicos ofendidos fuesen su cónyuge o pareja y familiares comprendidos hasta el segundo grado de consanguinidad.

Cuando se trate de delitos de violencia sexual, violencia intrafamiliar o delitos de odio, el fiscal no podrá abstenerse en ningún caso de iniciar la investigación penal.

Art….- Trámite.- A pedido del fiscal, el juez de garantías penales convocará a una audiencia donde las partes deberán demostrar que el caso cumple con los requisitos legales exigidos. El ofendido será notificado para que asista a esta audiencia. Su presencia no será obligatoria.

En caso de que el juez de garantías penales constate que el delito no sea de los establecidos en el numeral 1 del artículo anterior o que los afectados no sean las personas descritas en el numeral 2 del mencionado artículo; enviará su resolución al fiscal superior para que el trámite sea continuado por un nuevo fiscal.

En caso de que el juez de garantías penales no estuviese de acuerdo con la apreciación, enviará al fiscal superior para que de manera definitiva se pronuncie sobre el archivo del caso.

La autoridad de la Fiscalía que conociere el reclamo lo resolverá en el plazo de diez días. Si se revoca la decisión del fiscal de origen, el caso pasará a conocimiento de otro fiscal, para que inicie la investigación, o en su caso, se continúe con la tramitación de la misma. Si se ratifica la decisión de abstención, se remitirá lo actuado al juez de garantías penales para que declare la extinción de la acción penal respecto del hecho.

La extinción de la acción penal por los motivos previstos en este artículo, no perjudica, limita ni excluye el derecho del ofendido para perseguir por la vía civil el reconocimiento y el pago de la indemnización de perjuicios derivados del acto objeto de la denuncia.

Art….- Obligación de remitir expediente.- En los casos de violencia intrafamiliar que no constituyan delito, el fiscal, tan pronto se abstenga de tramitarlos, remitirá el expediente al juez competente para su respectivo conocimiento.

Art. 16.- Sustitúyase el artículo 42 por el siguiente:

Art. 42.- La persona que conociere que se ha cometido un delito de acción pública, excepto aquella a quien la Ley se lo prohíbe, debe presentar su denuncia ante el fiscal competente, la Policía Judicial o la Policía Nacional.

Art. 17.- En el Art. 66 sustitúyase la frase “de las pruebas” por “de los elementos de convicción”; y se reemplaza el inciso segundo del mismo artículo por el siguiente:

“Debe proceder oralmente en la indagación previa, así como en todas las etapas procesales, sin perjuicio de su obligación de llevar registros de las diligencias ordenadas y practicadas, por los medios técnicos e idóneos que garanticen su conservación y reproducción”.

Art. 18.- Sustitúyase la parte inicial del artículo 67 por lo siguiente:

Excusa o Separación.- El fiscal debe excusarse o puede ser separado del conocimiento de una causa:

Y, añádase como literal e), lo que sigue:

e) cuando asuma el conocimiento de causas en que intervengan o tengan interés sus amigos íntimos o enemigos manifiestos.

Art. 19.- A continuación del artículo 67, agréguese el siguiente artículo innumerado:

Art….- Subrogación.- Si el fiscal es sancionado con la suspensión, remoción o destitución por incurrir en las prohibiciones establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial, será subrogado por otro fiscal, de conformidad con lo establecido en la mencionada ley.

No podrá actuar un fiscal mientras esté siendo investigado en proceso penal.

Art. 20.- Sustitúyase el artículo 84 por el siguiente:

Art. 84.- Objeto de la prueba.- Se pueden probar todos los hechos y circunstancias de interés para el caso. Las partes procesales tienen libertad para investigar y practicar pruebas siempre y cuando no contravengan la Ley y derechos de otras personas.

Art. 21.- Sustitúyase el artículo 86 por el siguiente:

Art. 86.- Apreciación de la prueba.- Toda prueba será apreciada por el juez o tribunal conforme a las reglas de la sana crítica. Ninguna de las normas de este Código, se entenderá en contra de la libertad de criterio que establece el presente artículo.

Art. 22.- Sustitúyase el artículo 95, por el siguiente:

Art. 95.- Informes periciales.- Durante la indagación previa, o en la etapa de instrucción, los peritos realizarán informes sobre la experticia realizada. Este documento lo incorporará el fiscal en el expediente y el defensor lo exhibirá durante la etapa intermedia.

Si hubiere peligro de destrucción de huellas o vestigios de cualquier naturaleza en las personas o en las cosas, los profesionales en medicina, enfermeros o dependientes del establecimiento de salud a donde hubiere concurrido la persona agraviada, tomarán las evidencias inmediatamente y las guardarán hasta que el fiscal o la Policía Judicial dispongan que pasen al cuidado de peritos para su examen.

Si se tratare de exámenes corporales, la mujer a la cual deban practicárselos podrá exigir que quienes actúan como peritos sean personas de su mismo sexo.

El Consejo de la Judicatura fijará las escalas de remuneración de los peritos.

Art. 23.- Sustitúyase el artículo 98 por el siguiente:

Artículo 98.- Contenido del informe pericial.- El informe pericial contendrá:

1.     La descripción detallada de lo que se ha reconocido o examinado, tal cual lo observó el perito en el momento de practicar el reconocimiento o examen;

 2.     El estado de la persona o de la cosa objeto de la pericia, antes de la comisión del delito, en cuanto fuere posible;

 3.     La determinación del tiempo probable transcurrido entre el momento en que se cometió la infracción y el de la práctica del reconocimiento;

 4.     El pronóstico sobre la evolución del daño, según la naturaleza de la pericia;

 5.     Las conclusiones finales, el procedimiento utilizado para llegar a ellas y los motivos en que se fundamentan;

 6.     La fecha del informe; y,

 7.     La firma y rúbrica del perito.

En el caso de que hubiesen desaparecido los vestigios de la infracción, los peritos opinarán, en forma debidamente motivada sobre si tal desaparición ha ocurrido por causas naturales o artificiales. Esta opinión deberá sujetarse a los principios del debido proceso y la presunción de inocencia.

El procesado tiene derecho a conocer oportunamente el informe pericial, a formular observaciones y a solicitar aclaraciones al perito, sin perjuicio de su derecho a interrogarle en la audiencia.

Art. 24.- Sustitúyase el primer inciso de artículo 119 por el siguiente:

Art. 119.- Recepción.- La prueba testimonial se recibirá en la etapa del juicio ante el tribunal de garantías penales.

Los partes informativos, informes periciales, versiones de los testigos y cualquier declaración anterior se podrá usar en el juicio con los únicos objetivos de refrescar la memoria y sacar a relucir contradicciones, siempre bajo prevención de que no sustituya al testimonio; no serán admitidos como prueba.

Como excepción, los jueces de garantías penales pueden recibir y practicar los testimonios urgentes de personas enfermas, personas que van a salir del país, de las víctimas de violencia sexual y de aquellos que demuestren que no pueden concurrir al tribunal de garantías penales en la etapa del juicio.

Estos testimonios surtirán eficacia probatoria en la etapa de juicio. Se practicarán en una diligencia que se llevará a efecto con presencia de la defensa y cumplirá con el mismo procedimiento y respeto a similares garantías y principios que los fijados para el testimonio en el juicio.

Art. 25.- Sustitúyase el artículo 120 por el siguiente:

Art. 120.- Constancia escrita.- Toda declaración será oral. Al tratarse del testimonio urgente, el juez de garantías penales ordenará que se lo reduzca a escrito debiendo ser la diligencia un fiel reflejo de lo expuesto por el declarante, sin perjuicio de que este testimonio pueda ser grabado. La diligencia será firmada por el juez de garantías penales, el secretario, el intérprete o el curador, si hubieran intervenido, y por el deponente. Si éste no supiere, no quisiere o no pudiere firmar, firmará por él un testigo en presencia del juez de garantías penales y del secretario, quien dejará constancia de este hecho en la diligencia. Este testimonio será leído a los sujetos procesales en la audiencia de juicio.

En el juzgamiento de los delitos de acción privada, los testimonios serán orales, los que debidamente grabados o registrados se agregarán al proceso.

Art. 26.- A continuación del artículo 133, agréguese el siguiente artículo innumerado:

Art….- Peritos.- Son peritos los profesionales especializados o personas que por su experiencia aportan conocimientos específicos sobre su ciencia, arte u oficio. Su acreditación se realizará ante el tribunal de garantías penales que conoce la causa mediante el interrogatorio de la parte que solicita su presencia. La contraparte tendrá la facultad en su contrainterrogatorio de cuestionar su capacidad técnica.

Art. 27.- Sustitúyase el artículo 134 por el siguiente:

Art. 134.- Los testimonios de testigos y peritos serán practicados de acuerdo a las preguntas de las partes procesales. Primero declararán bajo el interrogatorio que realice la parte que solicitó su presencia y terminarán con el contrainterrogatorio de la contraparte. El acusador particular y el fiscal para efectos de diferenciación de interrogatorios y contrainterrogatorios estarán sometidos a las mismas reglas.

 Art. 28.- Suprímase el artículo 135.

 Art. 29.- Sustitúyase el artículo 136, por el siguiente:

 Art. 136.- Prohibición de interrupción.- Las partes procesales no podrán interrumpir las declaraciones.

 Cualquiera de las partes puede objetar aquellas actuaciones que violenten los principios del debido proceso; tales como: presentación de pruebas que han sido declaradas ilegales; presentación de testigos improvisados o de última hora; comentarios referidos al silencio del procesado; realización de preguntas capciosas, impertinentes, repetitivas, irrespetuosas y vagas o difusas; las sugestivas en el interrogatorio; aquellas que estén fuera de la esfera de percepción del testigo por opiniones, conclusiones e hipotéticas salvo en los casos de peritos dentro del área de su experticia; preguntas que sean autoincriminatorias para el procesado; referenciales, salvo que las personas a quienes les consta los hechos vayan a declarar en la audiencia.

 En el momento en que se presente una objeción, el presidente del tribunal de garantías penales quedará obligado a calificarla según la causal esgrimida, y resolverá si el testigo la contesta o se abstiene de hacerlo.

 Art. 30.- Se agrega como segundo inciso del artículo 156, el siguiente:

 No se requerirá la autorización a la que se refiere el artículo anterior, en los casos en que las grabaciones de audio o video sean obtenidas por cámaras de seguridad o en lugares públicos; así como tampoco en los casos en que se divulguen grabaciones de audio o video obtenidas por uno de los intervinientes. En estos casos el juez tendrá la facultad de admitir o no la prueba obtenida a través de estos medios, valorando su autenticidad, la forma en que se obtuvo, los derechos en conflicto, y el bien jurídico protegido.

 Art. 31.- A continuación del artículo 156 agréguese el siguiente artículo innumerado:

 Art….- Los Fiscales podrán utilizar todos aquellos medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos que resulten útiles e indispensables para sustentar sus actuaciones y pronunciamientos, cumpliendo con los requisitos y obteniendo las autorizaciones que se exijan en la ley respecto de la procedencia y eficacia de los actos de investigación o de prueba que se formulen a través de dichos medios.

 Las actuaciones que se realicen, y los documentos o información obtenidas a través de estos procedimientos, serán válidos y eficaces siempre que se garantice su integridad, autenticidad y reproducción, y no afecten en modo alguno los derechos y garantías fundamentales reconocidas en la Constitución y la ley.

 Las actuaciones y procesos que se tramiten con soporte informático, deberán garantizar la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos e informaciones de carácter personal que contengan.

 Sin embargo, en aquellos casos de grabaciones o filmaciones relacionadas a un hecho constitutivo de infracción, registradas de modo espontáneo al momento mismo de su ejecución, por los medios de comunicación social o por cámaras de seguridad, ubicadas en lugares públicos, le servirán al fiscal para integrar la investigación y para introducirlas al juicio como elemento de prueba para su valoración. Éstas no requerirán de la autorización a la que se refiere el artículo ciento cincuenta y cinco.

 Art. 32.- Sustitúyase el artículo 159 con el siguiente:

 Art. 159.- A fin de garantizar la inmediación del procesado al proceso y la comparecencia de las partes al juicio, así como el pago de la indemnización de daños y perjuicios al ofendido, el juez podrá ordenar una o varias medidas cautelares de carácter personal y/o de carácter real.

 En todas las etapas del proceso las medidas privativas de libertad se adoptarán siempre de manera excepcional y restrictiva, y procederán en los casos que la utilización de otras medidas de carácter personal alternativas a la prisión preventiva no fueren suficientes para evitar que el procesado eluda la acción de la justicia.

 Se prohíbe disponer medidas cautelares no previstas en este Código.

 Art. 33.- Sustitúyase el artículo 160, por el siguiente:

 Art. 160.- Las medidas cautelares de carácter personal, son:

 1)     La obligación de abstenerse de concurrir a determinados lugares;

 2)     La obligación de abstenerse de acercarse a determinadas personas; 

3)     La sujeción a la vigilancia de autoridad o institución determinada, llamada a informar periódicamente al juez de garantías penales, o a quien éste designare;

4)     La prohibición de ausentarse del país; 

5)     Suspensión del agresor en las tareas o funciones que desempeña cuando ello significare algún influjo sobre víctimas o testigos; 

6)     Ordenar la salida del procesado de la vivienda, si la convivencia implica un riesgo para la seguridad física o psíquica de las víctimas o testigos; 

7)     Ordenar la prohibición de que el procesado, por sí mismo o a través de terceras personas, realice actos de persecución o de intimidación a la víctima, testigo o algún miembro de su familia; 

8)     Reintegrar al domicilio a la víctima o testigo disponiendo la salida simultánea del procesado, cuando se trate de una vivienda común y sea necesario proteger la integridad personal y/o psíquica;  

9)     Privar al procesado de la custodia de la víctima menor de edad, en caso de ser necesario nombrar a una persona idónea siguiendo lo dispuesto en el artículo 107, regla 6° del Código Civil y las disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia;  

10)   La obligación de presentarse periódicamente ante el juez de garantías penales o ante la autoridad que éste designare; 

11)   El arresto domiciliario que puede ser con supervisión o vigilancia policial;

12)   La detención; y,

13)   La prisión preventiva.

Las medidas cautelares de orden real son:

1)     El secuestro;

2)     La retención; y,  

3)     El embargo.

 Art. 34.- A continuación del Art. 160, añádase el siguiente artículo innumerado:

 Art….- Audiencias para la medida cautelar de prisión preventiva.- Desde el inicio de la instrucción, la medida cautelar de prisión preventiva deberá ser resuelta en audiencia oral, pública y contradictoria, salvo las excepciones previstas en este Código.

Al efecto, el juez de garantías penales convocará a los sujetos procesales en el término de hasta cinco días a audiencia. La parte que pretenda valerse de un elemento de convicción tendrá la carga de su presentación en la diligencia, la cual, sin embargo, no podrá suspenderse por falta de tal elemento.

El juez de garantías penales escuchará en primer lugar al fiscal; luego concederá la palabra a la contraparte y promoverá el debate sobre los puntos litigiosos de los elementos presentados. El juez de garantías penales decidirá en la misma audiencia exclusivamente sobre lo solicitado, lo debatido y aquello que resulte directa y procesalmente relacionado.

La comunicación de la resolución, que en todo caso será oral, bastará como notificación a los sujetos procesales.

Toda convocatoria a audiencia llevará la prevención que de no asistir el defensor particular del sospechoso o procesado, actuará en su lugar el defensor público, designado por el juez de garantías penales en la misma providencia que contenga tal convocatoria.

Se redactará un extracto de la audiencia, la cual contendrá la identidad de los participantes, los puntos propuestos y debatidos y lo resuelto por el juez de garantías penales. El acta será suscrita por el secretario.

Art. 35.- Sustitúyase el artículo 161 por el siguiente:

Art. 161.- Detención por delito flagrante.- Los agentes de la Policía Nacional, de la Policía Judicial, o cualquier persona pueden detener, como medida cautelar, a quien sea sorprendido en delito flagrante de acción pública. En este último caso, la persona que realizó la detención deberá inmediatamente entregar al detenido a un miembro policial.

El policía que haya privado de libertad o recibido a una persona sorprendida en delito flagrante, comparecerá de inmediato con el detenido ante el juez de garantías. El fiscal, con la presencia del defensor público, podrá proceder previamente conforme lo determina el artículo 216 de este Código, luego de lo cual el agente de la Policía elaborará el parte correspondiente, quien además comunicará a éste sobre el hecho de la detención.

 

 Dentro de las veinticuatro horas desde el momento en que ocurrió la detención por delito flagrante, el fiscal solicitará al juez de garantías penales que convoque a audiencia oral en la que realizará o no la imputación, y solicitará la medida cautelar que considere procedente, cuando el caso lo amerite.

 Art. 36.- A continuación del artículo 161, añádase el siguiente artículo innumerado:

 Art….- Audiencia de calificación de flagrancia.- El juez dará inicio a la audiencia identificándose ante los concurrentes como juez de garantías penales, señalando los derechos y garantías a que hubiere a lugar. Luego concederá la palabra al representante de la Fiscalía quien expondrá el caso, indicando las evidencias encontradas en poder del sospechoso, y fundamentando la imputación que justifica el inicio de la instrucción fiscal, de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 217 de este Código. El fiscal solicitará las medidas cautelares que estime necesarias para la investigación y señalará un plazo máximo de hasta treinta días para concluir la instrucción fiscal. Acto seguido el juez de garantías penales concederá la palabra al ofendido, en caso de haberlo, al policía si lo estimare necesario, a fin de que relate las circunstancias de la detención. Luego escuchará al detenido para que exponga sus argumentos de defensa, quien lo hará directamente o a través de su abogado defensor. La intervención del detenido no excluye la de su defensor.

 El juez de garantías penales concluirá la audiencia resolviendo la existencia de elementos de convicción para la exención o no de medidas cautelares. Inmediatamente, dispondrá la notificación a los sujetos procesales en el mismo acto de la audiencia. Posteriormente, el fiscal de turno, remitirá lo actuado a la Fiscalía General, a fin de que continúe con la instrucción el fiscal especializado que avoque conocimiento, en caso de haberla.

 

 Art. 37.- Sustitúyase el artículo 162, con el siguiente:

 Art. 162.- Delito flagrante.- Es delito flagrante el que se comete en presencia de una o más personas o cuando se lo descubre inmediatamente después de su supuesta comisión, siempre que haya existido una persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la detención, así como que se le haya encontrado con armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos relativos al delito recién cometido.

No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de veinticuatro horas entre la comisión del delito y la detención.

 Art. 38.- Agréguese en el artículo 167, a continuación del numeral 3, los siguientes numerales:

 4. Indicios suficientes de que es necesario privar de la libertad al procesado para asegurar su comparecencia al juicio.

 5. Indicios suficientes de que las medidas no privativas de libertad son insuficientes para garantizar la presencia del procesado al juicio.

Art. 39.- A continuación del artículo 167 agréguese el siguiente artículo innumerado:

Art….- La solicitud de prisión preventiva será motivada y el fiscal deberá demostrar la necesidad de la aplicación de dicha medida cautelar. El juez de garantías penales rechazará la solicitud de prisión preventiva que no esté debidamente motivada.

 Si el juez de garantías penales resuelve no ordenar la prisión preventiva, y se estableciera que la libertad del procesado puede poner en peligro o en riesgo la seguridad, o la integridad física o psicológica del ofendido, testigos o de otras personas, la Fiscalía adoptará las medidas de amparo previstas en el sistema y programa de protección a víctimas, testigos y demás participantes en el proceso penal.

Si se trata de delitos sexuales o de lesiones producto de violencia intrafamiliar cometidos en contra de mujeres, niños, niñas o adolescentes, a más de las medidas de amparo adoptadas por la Fiscalía, el juez de garantías penales prohibirá que el procesado tenga cualquier tipo de acceso a las víctimas o realice por sí mismo o a través de terceras personas actos de persecución o de intimidación a las víctimas o algún miembro de su familia.

 Toda medida de prisión preventiva se adoptará en audiencia pública, oral y contradictoria, en la misma que el juez de garantías penales resolverá sobre el requerimiento fiscal de esta medida cautelar, y sobre las solicitudes de sustitución u ofrecimiento de caución que se formulen al respecto.

 En esta audiencia, si el ofendido considera pertinente, solicitará fundamentadamente al fiscal la conversión de la acción, o el procesado podrá solicitar la aplicación del procedimiento abreviado, en la forma y términos previstos en este Código.

 Art. 40.- En el artículo 168, suprímase la expresión: “por propia decisión o”.

 Art. 41.- En el artículo 169, agréguese un inciso que diga:

 “Producida la caducidad de la prisión preventiva, en la misma providencia que la declare el juez dispondrá que el procesado quede sujeto a la obligación de presentarse periódicamente ante el juez y la prohibición de ausentarse del país, o una sola de estas medidas si la estimare suficiente, para garantizar la inmediación del procesado con el proceso”.

 Art. 42.- Sustitúyase el artículo 171, por el siguiente:

 Art. 171.- Revisión.- El juez de garantías penales puede sustituir o derogar una medida cautelar dispuesta con anterioridad o dictarla no obstante de haberla negado anteriormente, cuando:

 

a)     Concurran hechos nuevos que así lo justifiquen;

b)     Se obtenga evidencias nuevas que acrediten hechos antes no justificados o desvanezcan los que motivaron la privación de libertad.

 Siempre que no se trate de delitos contra la administración pública, de los que resulte la muerte de una o más personas, de violación o de odio, la prisión preventiva podrá ser sustituida por el arresto domiciliario en los casos en que la persona procesada sea mayor de sesenta años de edad, o una mujer embarazada o parturienta, y en este último caso hasta noventa días después del parto. Este plazo podrá extenderse cuando el niño o niña hubiera nacido con enfermedades que requieran el cuidado de la madre, hasta que las mismas se superen.

Para adoptar la medida cautelar que corresponda, buscará la menor intervención que permita garantizar la presencia del procesado al juicio.

Cuando el fiscal haya incumplido el plazo fijado por el juez de garantías penales para el cierre de la investigación y en la audiencia para revisar la medida cautelar no otorgue una explicación satisfactoria, el juez de garantías penales podrá derogar o sustituir la medida cautelar.

 Las mujeres embarazadas privadas de libertad que no puedan beneficiarse con la sustitución de la prisión preventiva, cumplirán la medida cautelar en lugares especialmente adecuados para este efecto.

El control del arresto domiciliario está a cargo del juez de garantías penales, quien podrá verificar su cumplimiento a través de la Policía Judicial o por cualquier otro medio. El arrestado no estará necesariamente sometido a vigilancia policial interrumpida; esta podrá ser reemplazada por vigilancia policial periódica.

Si se incumpliere la medida sustitutiva, el juez de garantías penales la dejará sin efecto, y en el mismo acto ordenará la prisión preventiva del procesado. En este caso, no procederá una nueva medida de sustitución.

El funcionario designado para el control de la presentación periódica ante la autoridad, tendrá la obligación ineludible de informar al juez de garantías penales dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al día previsto para la presentación si ésta se ha producido o no, bajo pena de quedar sujeto a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiere lugar.

 La prohibición de salir del país será notificada a la Dirección Nacional de Migración y a las Jefaturas Provinciales de Migración, organismos que serán responsables de su cumplimiento, bajo prevenciones legales.

Art. 43.- Sustitúyase el artículo 172 por el siguiente:

Art. 172.- El procesado o el fiscal, pueden apelar de la orden de prisión preventiva impuesta o negada por el juez de garantías penales cuando consideren que hubo errónea valoración de los elementos aportados por las partes para la adopción de la resolución. Su trámite se realizará conforme a lo establecido en el presente Código.

La impugnación y la concesión del recurso no tendrán efecto suspensivo, ni serán causa que obstaculice la prosecución de la investigación fiscal o del proceso.

Para conocer y resolver la apelación, se enviará copia del proceso al superior.

 

La Sala a la que le corresponda, resolverá por el mérito de lo actuado en un plazo de cinco días; de no hacerlo, el superior jerárquico impondrá a los respectivos jueces la multa de un salario mínimo vital por cada día de retraso; si el atraso fuere causado por una de las salas de la Corte Nacional la sanción será impuesta por el tribunal en Pleno, con exclusión de los jueces que incurrieron en el retraso.

Art. 44.- Refórmese el numeral 1 del artículo 175 por el siguiente: 

 

1.-    En los delitos sancionados con pena máxima privativa de la libertad superior a cinco años; 

A continuación del numeral 3, agréguese un numeral más con el siguiente texto: 

4.-    En los delitos de odio, sexuales y de violencia intrafamiliar, o aquellos que por sus consecuencias y circunstancias causen gran alarma social, a criterio del juez de garantías.  

Art. 45.- Sustitúyase el artículo 176, por el siguiente:  

Art. 176.- Caución.- La procedencia y monto de la caución se discutirá en audiencia pública. El monto deberá ser suficiente para garantizar la presencia del procesado al juicio; para el efecto se tomará en cuenta las circunstancias personales del procesado y el delito de que se trate. En ningún caso el monto establecido podrá ser inferior al de los daños y perjuicios ocasionados al afectado, donde entre otros rubros se calcularán los daños personales y económicos sufridos, los ingresos que ha dejado de percibir fruto del delito causado, el patrocinio legal, el daño causado a su núcleo familiar y el tiempo invertido por parte del afectado. 

El juzgador podrá negar el pedido de caución cuando por la gravedad del caso, el interés público o el incentivo de fuga, considere que no procede. 

El fiscal, el ofendido o el procesado, pueden apelar de la resolución judicial, si consideran que el monto fijado no corresponde a las circunstancias procesales. La apelación se concederá en efecto devolutivo. 

Art. 46.- Sustitúyase el artículo 186 por el siguiente:  

Art. 186.- Hecha efectiva la caución, su monto se destinará a satisfacer la indemnización por daños y perjuicios y la reparación del daño causado; de haber excedente, el 50% se destinará para la Función Judicial y el 50% para la Fiscalía.  

Art. 47.- Sustitúyase el artículo 191 por el siguiente:  

Art. 191.- Modalidades.- Para asegurar la presencia del procesado a juicio, la ejecución de la pena y las indemnizaciones pecuniarias, el juez de garantías penales podrá ordenar sobre los bienes de propiedad del procesado el secuestro, la retención o la prohibición de enajenar. Estas medidas cautelares sólo podrán dictarse cuando el caso reúna las condiciones necesarias como para hacer previsible que el procesado pueda ser llevado a juicio como autor o cómplice y que la necesidad de precautelar la administración de justicia así lo impugnan.

Art. 48.- Sustitúyase el artículo 193 por el siguiente: 

Art. 193.- En todo caso en que se expida el auto de llamamiento a juicio, el juez de garantías penales dispondrá una de las medidas cautelares de carácter real si antes no lo hubiera dispuesto, por una cantidad equivalente al valor de la multa y a las indemnizaciones civiles, por los perjuicios causados al ofendido. 

La prohibición de enajenar y el embargo de inmuebles se inscribirán obligatoriamente y en forma gratuita por los Registradores de la Propiedad.

Art. 49.- En el artículo 194 numeral 1, sustitúyase la palabra “aprehender” por “detener”. 

Art. 50.- En el Libro IV, antes del Título I, agréguese el siguiente Título innumerado: 

Título…

NORMAS GENERALES PARA LAS AUDIENCIAS 

Art….- Resoluciones.- Toda resolución que afecte a los derechos de las partes, será adoptada en audiencia con sujeción a los principios del debido proceso y al sistema acusatorio oral. 

Se prohíbe que los jueces discutan temas de fondo del caso con fiscales, abogados o interesados fuera de las audiencias. 

Art….- Trámite de las Audiencias.- Las partes podrán proponer cualquier tema que crean procedente, con excepción de los que entran en contradicción con el debido proceso, aquellos en los que exista una prohibición legal o afecten de manera ilegítima a uno de los derechos de las partes.

Se pueden plantear temas tales como: legalidad de la detención; solicitudes referidas a adoptar medidas para que la Fiscalía y la Policía no violen los derechos del procesado; resoluciones para autorizar ciertos actos investigativos; auto de apertura de la instrucción fiscal; medidas cautelares, revisión de las medidas cautelares o apelación de las medidas cautelares; cierre del tiempo de investigación cuando se haya dictado prisión preventiva; procedimientos alternativos al juicio como acuerdos reparatorios, conversiones, suspensión condicional del procedimiento, procedimientos abreviados o simplificados. 

Son actores indispensables para la válida realización de una audiencia; el juez o tribunal de garantías penales, el fiscal, el abogado defensor y el procesado.  

Art….- Desarrollo de la audiencia.- Instalada la audiencia, el juez concederá la palabra a quien la haya solicitado y abrirá la discusión sobre los temas que sean admisibles. En caso de haber un pedido de revisar la legalidad de la detención, este punto será siempre el primero en abordarse.  

Como regla general los fiscales y defensores tendrán derecho a presentar de forma libre sus propuestas, intervenciones y sustentos.

Art….- Conducción del debate.- El juez de garantías penales, para resolver los incidentes que se presenten en la audiencia, optará por aquello que más favorezca a los principios del debido proceso, del sistema acusatorio-oral y la realización de la justicia. 

El juez de garantías penales podrá limitar las intervenciones únicamente en los siguientes casos:

1. Cuando se introduzca información irrelevante en relación al punto en discusión. 

2. En caso de utilizarse retóricas que tiendan a alargar de manera innecesaria la audiencia. 

3. Cuando las réplicas no aporten información nueva y la discusión se vuelva repetitiva y circular.

El juez de garantías penales tiene la obligación de resolver todos aquellos temas planteados en la audiencia de manera fundamentada. 

Art….- Inasistencia.- En caso de que el procesado, fiscal, testigos o peritos no comparezcan de manera injustificada a una audiencia, serán responsables de conformidad a lo establecido en el artículo 234 del Código Penal, sin perjuicio de lo que dispone el Código Orgánico de la Función Judicial. 

Art. 51.- En el artículo 209 al numeral 1, agregar lo siguiente: “y bajo su dirección jurídica, aplicar todos los medios y técnicas de investigación que se requieran para recoger evidencias respecto de los actos presuntamente delictivos y de los posibles responsables, conforme a lo dispuesto en el Capítulo de la Prueba Material, lo que incluirá reconocer lugares, recoger y analizar resultados, huellas, señales, armas, objetos e instrumentos, aplicando los principios de la cadena de custodia”; y, en el numeral 3 cambiar la palabra “aprehensión” por “detención”. 

Art. 52.- El inciso tercero del artículo 215 sustitúyase por el siguiente:  

“De no existir fundamentos para deducir la imputación, la indagación no podrá mantenerse abierta por más de un año, y transcurrido este plazo, el fiscal dispondrá el archivo provisional del expediente o solicitará al juez su archivo definitivo, según fuera el caso; este plazo se contará desde la fecha en la cual el fiscal dio inicio a la indagación previa”. 

Art. 53.- Sustitúyase el inciso quinto del Art. 215, por el siguiente: 

Sin perjuicio de las garantías del debido proceso y del derecho a la defensa; las actuaciones de la Fiscalía, de la Función Judicial, de la Policía Judicial y de otras instituciones y funcionarios que intervengan en la indagación previa, se mantendrán en reserva de terceros ajenos a ésta y del público en general, sin perjuicio del derecho del ofendido, y de las personas a las cuales se investiga y de sus abogados, de tener acceso inmediato, efectivo y suficiente de las investigaciones. El personal de las instituciones mencionadas que habiendo intervenido en estas actuaciones, las divulguen o pongan de cualquier modo en peligro el éxito de la investigación o las difundan atentando contra el honor y al buen nombre de las personas en general, serán sancionados conforme a lo previsto en el Código Penal. 

Art. 54.- Sustitúyase el artículo 217 por el siguiente:

 Art. 217.- Cuando el fiscal cuente con la información necesaria y los fundamentos suficientes para deducir una imputación, enviará a la sala de sorteos la petición al juez de garantías penales, a fin de que señale día y hora para la audiencia de formulación de cargos, acto en el que solicitará de estimar pertinente, las medidas cautelares personales y reales. 

El juez de garantías penales que conozca el caso, dentro de las veinticuatro horas subsiguientes, señalará día y hora para la audiencia solicitada, la que deberá realizarse dentro de cinco días a partir de dicho señalamiento, indicando en la notificación a los sujetos procesales, que de no concurrir a la misma, se contará con el defensor público. 

El juez de garantías penales dará inicio a la audiencia, identificándose ante los concurrentes como juez de garantías; luego concederá la palabra al fiscal, quien en su exposición, y luego de identificarse, deberá consignar en su pronunciamiento lo siguiente: 

1.     La descripción del hecho presuntamente punible;

2.     Los datos personales del investigado; y, 

3.     Los elementos y resultado de la indagación que le sirven como fundamento jurídico para formular la imputación.

El fiscal solicitará al juez de garantías penales que notifique con el inicio de la instrucción a los sujetos procesales; y señalará además el plazo dentro del cual concluirá la etapa de instrucción fiscal, la que en todo caso, no excederá de noventa días, con la excepción prevista en el artículo 221. 

La resolución de la instrucción fiscal, con todos los datos consignados en la audiencia y la notificación respectiva, quedará registrado en el extracto de la audiencia, elaborado por el secretario de la judicatura y suscrito por él, bajo su responsabilidad. 

En esta audiencia, si el ofendido considera pertinente, solicitará fundamentadamente al fiscal la conversión de la acción, y el procesado podrá solicitar la aplicación del procedimiento abreviado, así como cualquiera de los derechos y garantías de que se crea asistido, en la forma y términos previstos en la Constitución y este Código. 

No impedirá la realización de la audiencia, el desconocimiento, respecto del lugar o domicilio en que deba notificarse a la persona o personas contra quienes se vaya a formular la imputación; y en todo caso la audiencia se desarrollará con la intervención del defensor público, para garantizar el derecho a la defensa. 

Art. 55.- El artículo 221, sustitúyase por el siguiente: 

Art. 221.- En cuanto aparezcan en el proceso datos que hagan presumir la autoría o participación de una persona en el hecho objeto de la instrucción, el fiscal formulará la imputación observando el procedimiento y requisitos señalados en el artículo 217 de este Código.

En estos casos, la etapa de instrucción se mantendrá abierta por un plazo máximo de hasta treinta días adicionales, contados a partir de la notificación con esa resolución al nuevo procesado o al defensor público designado por el juez de garantías penales. 

Art. 56.- Sustitúyase el artículo 224, por el siguiente: 

Art. 224.- Concluida la instrucción en el plazo establecido en la Ley o en el convenido en la audiencia de formulación de cargos, el fiscal solicitará al juez de garantías penales que interviene en el proceso, que dentro de veinticuatro horas, señale día y hora con el fin de que se lleve a efecto la audiencia en la que el fiscal sustentará y presentará su dictamen, la misma que se efectuará dentro de los quince días siguientes a la petición. 

Cuando el fiscal estime que los resultados de la investigación proporcionan datos relevantes sobre la existencia del delito y fundamento grave que le permita deducir que el procesado es autor o partícipe de la infracción, debe emitir dictamen acusatorio y requerir al juez de garantías penales que dicte auto de llamamiento a juicio. 

La acusación fiscal debe incluir los siguientes presupuestos: 

1.     La determinación de la infracción acusada, con todas sus circunstancias;

2.     Nombres y apellidos del procesado; 

3.     Los elementos en los que se funda la acusación al procesado. Si fueren varios los procesados, la fundamentación deberá referirse individualmente a cada uno de ellos, describiendo los actos en los que participó en el hecho; y, 

4.     La disposición legal y constitucional que sanciona el acto por el que acusa. 

Formulada la acusación, el fiscal entregará al juez de garantías penales las actuaciones de investigación que sustentan su pronunciamiento. 

Art. 57.- Suprímase el artículo 225. 

 

Art. 58.- Sustitúyase el artículo 226, por el siguiente: 

Art. 226.- Cuando el fiscal estime que no hay mérito para promover juicio contra el procesado, en la audiencia solicitada al juez de garantías penales de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, se pronunciará sobre su abstención de acusar cuando concluya que no existen datos relevantes que acrediten la existencia del delito; o, si frente a la existencia del hecho, la información obtenida no es suficiente para formular la acusación. 

En caso de existir pluralidad de procesados, de haber evidencia suficiente para acusar a unos y no a otros, el dictamen será acusatorio y abstentivo, respectivamente. 

Si el fiscal resuelve no acusar y el delito objeto de la investigación está sancionado con pena de reclusión mayor extraordinaria o especial, así como cuando se trate delitos contra la administración pública, o si hay acusación particular, el juez de garantías penales deberá en forma obligatoria y motivada, elevar la consulta al fiscal superior, para que éste ratifique o revoque el dictamen de abstención formulado en la audiencia. De ratificarse la no acusación, el juez de garantías penales deberá emitir el correspondiente auto de sobreseimiento, y en caso de revocatoria, sustanciará la causa con la intervención de un fiscal distinto del que inicialmente se pronunció por la abstención, quien sustentará la acusación en una nueva audiencia oral. 

Art. 59.- A continuación del artículo 226, agréguense los siguientes artículos innumerados:  

Art….- Adicionalmente, la audiencia preparatoria del juicio y de formulación del dictamen a que se refieren los artículos 224 y 226, tiene las siguientes finalidades: 

1.- Conocer de los vicios formales respecto de lo actuado hasta ese momento procesal, los mismos que, de ser posible, serán subsanados en la propia audiencia. 

2.- Resolver sobre cuestiones referentes a la existencia de requisitos de procedibilidad, cuestiones prejudiciales, competencia y cuestiones de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso. 

3.- Los sujetos procesales anunciarán las pruebas que serán presentadas en el juicio, cada una tendrá el derecho a formular solicitudes, observaciones, objeciones y planteamientos que estimaren relevantes referidos a la oferta de prueba realizada por los demás intervinientes.  

4.- Resolver sobre las solicitudes para la exclusión de las pruebas anunciadas, cuyo fundamento o evidencia que fueren a servir de sustento en el juicio, hubieren sido obtenidas violando las normas y garantías determinadas en los instrumentos internacionales de protección de Derechos Humanos, la Constitución y en este Código; y,

5.- Los sujetos procesales podrán llegar a acuerdos probatorios con el fin de dar por demostrados ciertos hechos y evitar controvertirlos en la audiencia de juicio. 

Art….- Procedimiento de la audiencia preparatoria del juicio.- La ausencia del procesado no será causa para que la audiencia no se lleve a efecto, bastará la asistencia de su abogado defensor o del defensor público. 

Cuando el procesado se encuentre libre bajo caución y no asista a la audiencia, se hará efectiva la caución. 

El acusador particular podrá comparecer personalmente o a través de su abogado defensor a la audiencia. 

Los representantes legales o procuradores judiciales de las instituciones del sector público, obligatoriamente deben presentarse como acusadores particulares en los procesos por actos punibles que afecten el interés estatal, bajo prevención que de no hacerlo será declarada su responsabilidad penal. 

Instalada la audiencia, el juez de garantías penales consultará a los sujetos procesales para que, directamente o a través de sus defensores, se pronuncien acerca de la existencia de vicios de procedimiento que pudieran afectar la validez del proceso; de ser pertinentes, el juez de garantías penales los resolverá en la misma audiencia. 

A continuación el juez de garantías penales ofrecerá la palabra al fiscal, que formulará su dictamen, expresando los motivos y fundamentos de su pronunciamiento. Luego del fiscal intervendrá el acusador particular, si lo hubiere. 

Realizadas las intervenciones del fiscal y del acusador particular, si lo hubiere, el procesado, directamente o a través de su defensor, alegará respecto del dictamen fiscal y pedirá la exclusión de las evidencias que considere ilícitas o ilegalmente obtenidas, especificando las normas o garantías constitucionales o procesales que considere han sido transgredidas. La intervención del procesado no excluye la de su defensor. 

Los sujetos procesales pueden presentar la evidencia documental que sustente sus alegaciones.

 Art….- Resolución.- Concluidas las intervenciones de los sujetos procesales el juez de garantías penales anunciará de manera verbal a los presentes su resolución, la que se considerará como notificada en el mismo acto. La secretaría del juzgado conservará por escrito o en una grabación las actuaciones y exposiciones realizadas en la audiencia y el contenido íntegro de la resolución judicial. 

Si el juez de garantías penales observare que las alegaciones respecto de la existencia de causas de nulidad del proceso están debidamente sustentadas, declarará la nulidad a partir del acto procesal que lo invalida. 

Si a criterio del juez de garantías penales no hay vicios de procedimiento que afecten la validez del proceso, dictará auto de llamamiento a juicio cuando el dictamen fiscal sea de acusación.

 Si se impugna la constitucionalidad o la legalidad de la evidencia, el juez de garantías penales deberá pronunciarse rechazando la objeción o aceptándola, y en este último caso declarará qué evidencias son ineficaces hasta ese momento procesal. 

En el evento anterior, el juez de garantías penales preguntará al fiscal si es su decisión mantener la acusación sin contar con la evidencia que se considera ineficaz hasta ese momento; si el fiscal decide mantenerla, el juez de garantías penales dictará auto de llamamiento a juicio, en cuya etapa la Fiscalía deberá desarrollar los actos de prueba necesarios para perfeccionar y legalizar la evidencia ineficaz.

El secretario elaborará, bajo su responsabilidad y su firma, el extracto de la audiencia, que recogerá la identidad de los comparecientes, los procedimientos especiales alternativos al proceso ordinario que se hubieren aplicado, las alegaciones, los incidentes y la resolución del juez de garantías penales. 

Art. 60.- Suprímanse los artículos correspondientes a la sección Primera del Título II, Libro IV, que van desde los artículos 227 hasta el 231. 

 

Inclúyanse en el mismo Título II, los artículos 224, 226 y los innumerados a continuación del artículo 226, bajo la Sección Primera, con el Título: Audiencia Preparatoria del Juicio. 

Art. 61.- Sustitúyase el artículo 232, por el siguiente  

Art. 232.- Auto de Llamamiento a Juicio.- Si el juez de garantías penales considera que de los resultados de la instrucción fiscal se desprenden presunciones graves y fundadas sobre la existencia del delito y sobre la participación del procesado como autor, cómplice o encubridor, dictará auto de llamamiento a juicio, iniciando por pronunciarse sobre la validez del proceso. En el mismo auto deben incluirse los siguientes requisitos:

1.-    La identificación del procesado; 

2.-    La determinación del acto o actos punibles por los que se juzgará al procesado, así como la determinación del grado de participación, la especificación de las evidencias que sustentan la decisión y la cita de las normas legales y constitucionales aplicables; 

3.-    La aplicación de medidas cautelares no dictadas hasta el momento, o la ratificación, revocación, modificación o sustitución de las medidas cautelares dispuestas con antelación; y, 

4.-    Los acuerdos probatorios que hayan convenido los sujetos procesales y aprobados por el juez de garantías penales. 

Las declaraciones contenidas en el auto de llamamiento a juicio no surtirán efectos irrevocables en el juicio. 

En los siguientes tres días posteriores a que se encuentre ejecutoriado el auto de llamamiento a juicio, las partes procesales presentarán ante el juez de garantías penales la enunciación de la prueba con la que sustanciarán sus posiciones en el juicio. El juez de garantías penales remitirá esta información al tribunal de garantías penales. 

El auto de llamamiento de juicio, conjuntamente con el acta de la audiencia y los anticipos probatorios, serán los únicos enviados al tribunal de garantías penales y el expediente será devuelto al fiscal.  

Art. 62.- Sustitúyanse los artículos 233 y 234 por el siguiente: 

Art. 233.- Suspensión y continuación.- Si al tiempo de expedirse el auto de llamamiento a juicio, el procesado estuviere prófugo, el juez de garantías penales después de dictado dicho auto, ordenará se suspenda la iniciación de la etapa del juicio hasta que sea detenido o se presente voluntariamente, excepto en los procesos penales que tengan por objeto delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, en los que la continuación de la causa se realizará en ausencia del procesado.

 

Si fueren varios los procesados, y unos estuvieren prófugos y otros presentes, se suspenderá el inicio del juicio para los primeros y continuará respecto de los segundos. 

Art. 63.- Sustitúyase el Art. 235 por el siguiente:

Art. 235.- Procesado con caución.- Si el procesado hubiere rendido caución, al tratarse de fianza personal se notificará al garante con el auto de llamamiento a juicio en el domicilio judicial señalado, a fin de que haga comparecer al procesado ante el tribunal de garantías penales para efectos de la realización y desarrollo del juicio, bajo las prevenciones legales.

 Si el procesado no se presentare al juzgamiento, el tribunal de garantías penales ordenará la ejecución de la caución y dispondrá la medida cautelar personal necesaria para garantizar la inmediación del procesado al proceso de juicio. 

Art. 64.- Los artículos 232, 233 y 235, que ahora se reforman, formarán parte de la Sección II, del Título II, Libro IV, bajo el Título: Auto de Llamamiento a Juicio  

Art. 65.- Se suprimen los artículos 236, 238 y 239.

Art. 66.- En el artículo 252, suprímase el texto siguiente: 

“De la iniciativa probatoria de los jueces en la audiencia o de las nuevas pruebas que ordene el tribunal penal”. 

Art. 67.- Se sustituye el artículo 253, con el siguiente: 

Art. 253.- Inmediación.- El juicio debe realizarse con la presencia ininterrumpida de los jueces y de los sujetos procesales. 

Si el defensor del procesado no comparece al juicio o se aleja de la audiencia se debe proceder en la forma prevista en los artículos 129 y 279 de este Código.

Si el defensor no comparece al segundo llamado, el Presidente del tribunal de garantías penales designará a un defensor de oficio para que asuma la defensa, con el carácter de obligatorio para el procesado. 

Los jueces formarán su convicción a base del mérito y resultados de la prueba cuya producción y formulación hayan apreciado directamente en el curso del juicio, y de acuerdo con las normas de este Código, salvo las excepciones que la ley consagra.

Los testigos y peritos podrán ser interrogados exclusivamente por los sujetos procesales en el juicio, su testimonio no podrá ser sustituido por la lectura de registros en que constaren declaraciones o informes previos; salvo el caso del testimonio urgente. Los jueces del tribunal de garantías penales podrán pedir explicaciones a los declarantes para tener una comprensión clara de lo que están diciendo.

 

Los elementos de cargo y de descargo, así como los documentos que constituyan evidencia durante la etapa indagatoria y de instrucción fiscal, anunciados como anticipos probatorios, formarán parte del expediente del juicio y no necesitarán ser reproducidos, sin perjuicio de que en virtud del principio de contradicción, sean presentados y actuados como prueba en la audiencia de juicio para que tengan eficacia.  

Art. 68.- A continuación del artículo 254 agréguense el siguiente artículo: 

Art…- Por razones de seguridad o utilidad procesal, y en aquellos casos en que sea imposible o gravosa la comparecencia de quien deba intervenir en la audiencia del juicio como acusado, testigo o perito, el tribunal de garantías penales podrá disponer, de oficio o a petición de parte, que la intervención de tales personas se realice a través de videoconferencia u otros medios técnicos semejantes, siempre que permitan la comunicación real, directa y fidedigna, tanto de imagen como de sonido, entre quienes se presentan a través de estos medios y los jueces y sujetos procesales asistentes a la audiencia. 

En todo caso, el tribunal de garantías penales adoptará las medidas que sean indispensables para garantizar el derecho de defensa y el principio de contradicción que caracteriza a estas actuaciones. 

Cuando se proceda de esta forma, la secretaría del tribunal de garantías penales deberá acreditar, al inicio de la presentación por videoconferencia, la identidad de las personas que intervienen a través de estos sistemas, ya sea porque se pueda reconocer físicamente a tales personas, por exhibición de documentos, o por otros medios que resulten idóneos a estos efectos. 

Art. 69.- Sustitúyase el artículo 262, por el siguiente: 

Art. 262.- Convocatoria para la Audiencia.- El Presidente del tribunal de garantías penales pondrá en conocimiento de los sujetos procesales y de los jueces del tribunal de garantías penales la recepción del caso y de las actuaciones remitidas por el juez de garantías penales, por el plazo de tres días.

Transcurrido el plazo al que se refiere el inciso anterior, el Presidente señalará día y hora en que el tribunal de garantías penales debe instalarse en audiencia pública o privada, según el caso.

Si no hubiere excusas o recusaciones, la audiencia se instalará no más tarde de diez días ni antes de cinco, contados desde la fecha de la convocatoria, la que se notificará inmediatamente a los otros jueces del tribunal de garantías penales, al fiscal, al procesado o a su defensor, y si los hubiere, al acusador particular y al garante. 

Art. 70.- Sustitúyase el artículo 266, por el siguiente: 

Art. 266.- Juez Suplente.- Si por cualquier causa faltare un juez para integrar el tribunal de garantías penales, el Presidente o quien haga sus veces, convocará al respectivo juez suplente que previa y legalmente se haya posesionado de su cargo, a efectos de que integre el tribunal de garantías penales hasta la conclusión del juicio. 

Art. 71.- Sustitúyase el artículo 267 por el siguiente: 

Art. 267.- Lista de testigos y petición de pruebas.- Hasta tres días antes de que se reúna el tribunal de garantías penales, las partes presentarán una lista de los testigos que deben declarar en la audiencia, expresando la edad, los nombres, los apellidos, la profesión y residencia de ellos, y pedirán las demás pruebas afín de que se practiquen durante la audiencia, siempre que no hubieren sido anunciadas y discutidas en la audiencia preparatoria del juicio. 

Estas pruebas podrán ser objetadas por las partes en la audiencia de juzgamiento. 

Art. 72.- Sustitúyase el segundo inciso del artículo 272, por el siguiente: 

El tribunal de garantías penales podrá dictar sentencia si el testimonio no se hubiere recibido dentro del plazo fijado en la Comisión. 

Art. 73.- En el artículo 278 agréguese el siguiente inciso: 

“No obstante lo antes previsto, la audiencia se podrá desarrollar con la utilización de los sistemas de videoconferencia en los casos y términos señalados en el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 254”. 

Art. 74.- Agréguese a continuación del Art. 284 un inciso que diga:  

“En el caso de los procesados que habiéndose beneficiado de la caducidad de la prisión preventiva no se presentaren a la audiencia de juicio, el tribunal de garantías penales ordenará su comparecencia por medio de la fuerza pública”. 

Art. 75.- En el artículo 285, suprímase la expresión “lo que va a oír y, ordenar la lectura del auto de llamamiento a juicio” y, en su lugar se incluye lo siguiente: “Las actuaciones y exposiciones que se van a desarrollar y formular durante el trámite de la audiencia”. 

Art. 76.- Sustitúyase el artículo 286, por el siguiente: 

Art. 286.- Exposición de los sujetos procesales.- A continuación, el Presidente dará la palabra al fiscal, al acusador particular si lo hubiere y a la defensa del procesado, en ese orden, para que realicen sus exposiciones iniciales respecto a los hechos que son objeto del juzgamiento. 

Art. 77.- A continuación del artículo, 286, agréguense los siguientes artículos innumerados:

 Art….- Orden de la prueba.- Finalizada la exposición de los sujetos procesales, el Presidente solicitará la presentación de los medios de prueba; correspondiendo en primer lugar recibir los medios probatorios de la acusación y luego los de la defensa. 

Los sujetos procesales pueden convenir en: acuerdos específicos relacionados a hechos constitutivos de prueba, los que serán puestos a conocimiento del tribunal de garantías penales.

Art….- Interrogatorio por los sujetos procesales.- Los testigos y peritos declararán a través de las preguntas que formulen los sujetos procesales. Primero serán examinados por los sujetos procesales que los presentan, luego por los sujetos procesales afines, y finalmente por la o las contrapartes. Los jueces del tribunal de garantías penales podrán pedir explicaciones a los declarantes para tener una comprensión clara de lo que están diciendo.  

Art….- Límite de la facultad de preguntar.- Los sujetos procesales no podrán dirigir al testigo o perito preguntas capciosas o impertinentes.

Las preguntas sugestivas estarán por regla general prohibidas en el interrogatorio solicitado por los sujetos procesales a sus propios testigos o peritos, pero serán permitidas para el contra examen. 

Art…- Prohibición.- En ningún caso se podrá mencionar, invocar, dar lectura o incorporar como medio de prueba antecedente alguno vinculado con la proposición, aceptación, discusión, procedencia, rechazo o revocatoria de un acuerdo de reparación, suspensión condicional del procedimiento o de la tramitación de un procedimiento abreviado o simplificado, en relación con el procesado y con el caso que se está conociendo en juicio. 

Art….- Objetos, documentos y otros medios.- Los documentos que pretendan ser incorporados como prueba instrumental serán leídos en el juicio en su parte relevante, que esté directa e inmediatamente relacionada con el objeto del juicio, previa acreditación por quien lo presenta y que deberá dar cuenta de su origen. 

Los objetos que pretendan ser incorporados como prueba, podrán ser exhibidos en el juicio, si igualmente están relacionados con la materia del juzgamiento, y previa acreditación de acuerdo con el inciso precedente. 

Los videos, grabaciones u otros medios análogos serán incorporados, previa acreditación, mediante su reproducción por cualquier medio que garantice su fidelidad y autenticidad. 

Art….- Utilización de declaraciones.- Las declaraciones o informes ofrecidos o emitidos con anterioridad por una persona que está prestando testimonio en juicio, sólo podrán ser leídos estrictamente en las partes pertinentes, para apoyar la memoria de dicha persona, o para demostrar inconsistencias o contradicciones con su testimonio actual.

Art. 78.- El artículo 289, se sustituye con el siguiente:  

Art. 289.- Los sujetos procesales pueden interrogar al ofendido. El presidente del tribunal de garantías penales cuidará que las preguntas sean legales y procedentes, y las calificará ante la presentación de objeciones. 

Art. 79.- Sustitúyase artículo 295 por el siguiente: 

Art. 295.- Al rendir testimonio el procesado o el ofendido, los jueces del tribunal de garantías penales podrán pedir explicaciones al declarante para tener una comprensión clara de lo que está diciendo. 

Art. 80.- En el primer inciso del artículo 296 sustitúyase la frase “le preguntará el Presidente” por “le preguntarán los sujetos procesales”.

 Art. 81.- Suprímanse los artículos 299 y 301. 

Art. 82.- El artículo 304-A, se sustituye por el siguiente: 

Art. 304 A.- La sentencia debe ser motivada y concluirá declarando la culpabilidad o confirmando la inocencia del procesado; en el primer caso, cuando el tribunal de garantías penales tenga la certeza de que está comprobada la existencia del delito y de que el procesado es responsable del mismo; y en el segundo caso, si no se hubiere comprobado la existencia del delito o la responsabilidad del procesado, o cuando existiere duda sobre tales hechos. 

Art. 83.- Sustitúyase el artículo 305, por el siguiente: 

Art. 305.- Terminado el debate, el Presidente ordenará a los sujetos procesales que se retiren. A continuación, el tribunal procederá a deliberar con vista de los medios de prueba practicados durante la audiencia de juicio. 

Mientras dure la deliberación no se permitirá la entrada a ninguna persona y el Presidente dictará las medidas necesarias para el cumplimiento de esta disposición. 

El tribunal deliberará de modo continuo y permanente hasta que llegue a una decisión y no podrá suspender la deliberación.

Una vez que el tribunal tenga una decisión, el Presidente dispondrá la reinstalación de la audiencia y dará a conocer oralmente a los sujetos procesales su decisión de declarar la culpabilidad o confirmar la inocencia de los procesados. 

Art. 84.- Sustitúyase el artículo 306, por el siguiente: 

Art. 306.- Sentencia reducida a escrito.- Luego de haber pronunciado su decisión en la forma prevista en el artículo precedente, y dentro de los tres días posteriores, el tribunal de garantías penales elaborará la sentencia que debe incluir una motivación completa y suficiente, y la regulación de la pena respectiva en caso que se hubiera declarado la culpabilidad del procesado.

Por secretaría se procederá a notificar a los sujetos procesales con la sentencia, de la que se podrán interponer los recursos expresamente previstos en este Código y la Constitución de la República del Ecuador. 

Art. 85.- Sustitúyase el artículo 308, por el siguiente: 

Art. 308.- Votos necesarios.- Para toda clase de sentencia se necesitan al menos dos votos conformes.

Art. 86.- En el artículo 309, cámbiese el primer inciso, por el siguiente:  

“La sentencia reducida a escrito, deberá contener:”.  

Sustitúyanse los numerales 5 y 6 y agréguese el numeral 7:

 

5.     La condena a pagar los daños y perjuicios ocasionados por la infracción en la determinación del monto económico a ser pagado por el sentenciado al ofendido haya o no presentado acusación particular; 

6.     La existencia o no de una indebida actuación por parte del fiscal o defensor. En tal caso se notificará con la sentencia al Consejo de la Judicatura para el trámite correspondiente; y,

7.     La firma de los jueces.

 Art. 87.- En el artículo 312, cámbiese “condenatoria”, por “que declare la culpabilidad”.

 

Art. 88.- Suprímanse los artículos 313 y 314.

Art. 89.- En el artículo 316, primer inciso, luego de la palabra tribunal, agréguese lo siguiente: “que intervinieron en la sustanciación y conclusión de la audiencia del juicio”.

Art. 90.- En el artículo 324, sustitúyase la frase “sentencias, autos y resoluciones” por “providencias”.

 Art. 91.- A continuación del artículo 325, añádase el siguiente artículo innumerado:

 Art….- Trámite de los recursos.- La sustanciación de los recursos previstos en este Código se desarrollará mediante audiencia pública, oral y contradictoria, que se iniciará concediéndole la palabra, en primer lugar, al recurrente para que se pronuncie sobre los fundamentos y motivos de la impugnación, y a continuación se escuchará a las otras partes, para que igualmente se pronuncien sobre lo expuesto y alegado por el recurrente. 

Al finalizar el debate, la Sala deliberará y emitirá la resolución que corresponda.

La comunicación oral de la resolución bastará como notificación a los sujetos procesales.

Luego de haber emitido su decisión, en la forma prevista en el inciso precedente, y en el plazo máximo de tres días, la Sala elaborará la resolución debidamente fundamentada.

De la audiencia se elaborará un acta que contendrá un extracto de la misma y será suscrita por el secretario bajo su responsabilidad.

 Art. 92.- A continuación del artículo 326, añádase el siguiente artículo innumerado:

 Art….- Abandono del recurso.- La falta de comparecencia de uno o más recurrentes a la audiencia de que trata el artículo 325, dará lugar a que se declare el abandono del recurso respecto de los ausentes.

Art. 93.- Sustitúyase el artículo 328 por el siguiente:

Art. 328.- Limitación.- Al resolverse cualquier recurso, no se podrá empeorar la situación jurídica del recurrente.

Art. 94.- A continuación del artículo 328, agréguese el siguiente artículo innumerado:

Art.-… Los recursos deberán resolverse en la misma audiencia en que se fundamentan.

Art. 95.- Sustitúyase el artículo 333, por el siguiente:

Art. 333.- Remisión.- Si el recurso se hubiese interpuesto en el plazo legal, el juzgador remitirá a la Corte Provincial la solicitud del recurso y el proceso en sobre sellado. En caso contrario, lo negará.

Art. 96.- Suprímase el artículo 334.

Art. 97.- Sustitúyase el artículo 336, por el siguiente:

Art. 336.- Trámite del recurso.- La Corte Provincial convocará a los sujetos procesales para que expongan oralmente sus posiciones respecto del recurso en audiencia pública, oral y contradictoria. Intervendrá en primer lugar el recurrente y luego la contraparte. Habrá lugar a réplica. Los jueces podrán preguntar a los sujetos procesales sobre los fundamentos de sus peticiones.

En los casos de fuero de Corte Provincial o Nacional, la Sala respectiva procederá en la forma señalada en el inciso anterior.

Art. 98.- Sustitúyanse el artículo 337 y el 338 por el siguiente:

Art. 337.- Si el recurso lo hubiere interpuesto el fiscal, la Corte en la audiencia escuchará al fiscal superior con la finalidad de que pueda insistir o desistir del mismo. Si insiste deberá fundamentarlo.

Si desiste del recurso y siempre que este no hubiese sido interpuesto por ningún otro sujeto procesal, la Corte dispondrá que se ejecute la sentencia.

Art. 99.- Suprímanse los artículos 339, 340 y 342

Art. 100.- Sustitúyase el artículo 341 por el siguiente:

Art. 341.- Si la Corte Provincial aceptare el recurso de nulidad y esta se hubiera producido total o parcialmente en la etapa del juicio, el proceso será remitido a otro tribunal de garantías penales para que proceda a sustanciar dicha etapa, a partir del momento procesal en que se produjo la causa que generó la nulidad.

Art. 101.- Sustitúyase el artículo 343, por el siguiente:

Art. 343.- Procede el recurso de apelación en los siguientes casos:

1.     De los autos de nulidad, de prescripción de la acción, de llamamiento a juicio, de sobreseimiento y de inhibición por causa de incompetencia.

 2.     De las sentencias dictadas en proceso simplificado, proceso abreviado y las que declaren la culpabilidad o confirmen la inocencia del acusado. 

3.     Del auto que concede o niega la prisión preventiva. En este caso el recurso se lo concederá en efecto devolutivo. 

Art. 102.- Sustitúyase el artículo 345, por el siguiente:

 Art. 345.- Trámite.- Una vez recibido el recurso, la Sala respectiva de la Corte Provincial, convocará a los sujetos procesales a una audiencia oral, pública y contradictoria, dentro del plazo de diez días contados desde la fecha de recepción del recurso. La audiencia se llevará a cabo dentro de los diez días siguientes a la convocatoria, en la cual los intervinientes expondrán oralmente sus pretensiones. Intervendrá en primer lugar el recurrente y luego la contraparte. Habrá lugar a réplica. Los jueces podrán preguntar a los sujetos procesales sobre los fundamentos de sus peticiones.

Finalizado el debate, la Sala procederá a la deliberación, y en mérito de los fundamentos y alegaciones expuestas, pronunciará su resolución en la misma audiencia, considerándose que la decisión queda notificada legalmente a los sujetos procesales asistentes.

Luego de haber pronunciado su decisión y dentro de los tres días posteriores, la Sala elaborará la sentencia, que debe incluir una motivación completa y suficiente y la resolución de mérito adoptada sobre el objeto del recurso, la que se pondrá en conocimiento de los sujetos procesales en los domicilios judiciales respectivos.

En los casos de fuero de Corte Provincial o Nacional, la Sala respectiva procederá en la forma señalada en los incisos anteriores.

Art. 103.- Sustitúyase el artículo 346 por el siguiente:

Art. 346.- Efectos de la resolución.- Si al resolver la apelación la Corte decide aceptar el recurso mediante revocación o reforma de la sentencia impugnada, dictará la que corresponda conforme a lo previsto en este Código.

Art. 104.- En el artículo 347 cámbiese la expresión “el Proceso” por “lo actuado en la audiencia, con copia auténtica de la sentencia”.

Art. 105.- Sustitúyase el artículo 349 por el siguiente:

Art. 349.- El recurso de casación será procedente para ante la Corte Nacional de Justicia, cuando en la sentencia se hubiera violado la ley, ya por contravención expresa de su texto, por indebida aplicación, o por errónea interpretación.

No serán admisibles los pedidos tendientes a volver a valorar la prueba.

Art. 106.- Sustitúyase el artículo 350 por el siguiente:

Art. 350.- Término.- El recurso de casación se interpondrá dentro del término de cinco días contados a partir de la notificación de la sentencia, ya sea en procesos penales de acción pública o de acción privada; y de inmediato se remitirá en sobre cerrado a la Corte Nacional de Justicia.

Art. 107.- Sustitúyanse los artículos 352 y 353, por el siguiente:

Art. 352.- El recurso se fundamentará en audiencia oral, pública y contradictoria, siguiendo el procedimiento previsto en el Art. 345 de este Código, en lo que fuere aplicable.

En las audiencias de los procesos de casación que tengan por objeto la impugnación de sentencias expedidas en procesos de acción penal pública, se contará con la intervención del Fiscal General del Estado, o su Representante o Delegado, debidamente acreditados.

Art. 108.- El artículo 354, sustitúyase por el siguiente:

Art. 354.- Si el recurso es interpuesto por la Fiscalía General del Estado, quien deberá fundamentarlo será el Fiscal General o su Representante o Delegado, debidamente acreditados.

Art. 109.- Suprímanse los artículos 355, 356, 357.

Art. 110.- En el artículo 363, luego de la palabra “recurso” añádase: “el juez de garantías penales”; luego de la palabra “tribunales” suprímase la palabra “penal” y añádase en su lugar: “de garantías penales”; y, suprímanse los artículos, 364 y 365.

Art. 111.- Sustitúyase el artículo 366, por el siguiente:

Art. 366.- La formulación y presentación de nuevas pruebas, las exposiciones y alegaciones de revisión, y la pretensión del recurrente, se tramitarán y resolverán mediante el procedimiento de audiencia oral, pública y contradictoria, en la forma prevista en los artículos innumerados agregados a continuación del artículo 286 y en el artículo 345 de este Código, en lo que fuere aplicable.

En las audiencias de los procesos de revisión que tengan por objeto la impugnación de sentencias expedidas en un proceso de acción penal pública, se contará también con la intervención del Fiscal General del Estado, o su Representante o Delegado, debidamente acreditados.

Art. 112.- Sustitúyase el artículo 369, por el siguiente:

Art. 369.- Admisibilidad.- Desde el inicio de la instrucción fiscal hasta antes de la audiencia de juicio, se puede proponer la aplicación del procedimiento abreviado previsto en este Título, cuando:

1.     Se trate de un delito o tentativa que tenga prevista una pena privativa de libertad, de hasta cinco años;

 2.     El procesado admita el hecho fáctico que se le atribuye y consienta en la aplicación de este procedimiento; y, 

3.     El defensor acredite con su firma que el procesado ha prestado su consentimiento libremente, sin violación a sus derechos fundamentales. 

La existencia de coprocesados no impide la aplicación de estas reglas a alguno de ellos.

 Art. 113.- Sustitúyase el artículo 370, por el siguiente:

Art. 370.- Trámite.- El fiscal o el procesado deben presentar por escrito el sometimiento a procedimiento abreviado, acreditando todos los requisitos previstos en el artículo precedente.

El juez de garantías penales debe oír al procesado, insistiendo sobre las consecuencias del presente procedimiento al procesado. Si lo considera necesario puede oír al ofendido.

Si el juez de garantías penales rechaza la solicitud del procedimiento abreviado, el fiscal superior podrá insistir y enviará esta solicitud directamente al tribunal de garantías penales.

Si la resolución es conforme a la petición del procesado, el juez de garantías penales enviará inmediatamente al tribunal de garantías penales para que avoque conocimiento y resuelva la adopción o no de la pena como consecuencia del procedimiento abreviado. La pena en ningún caso será superior a la sugerida por el fiscal.

Si el tribunal de garantías penales rechaza el acuerdo de procedimiento abreviado, devolverá el proceso al juez de garantías penales para que prosiga con el trámite ordinario.

Cualquiera de las partes podrá apelar del fallo que admita o niegue el procedimiento abreviado.

A continuación del artículo 370, agréguese el siguiente artículo innumerado:

Art….- Procedimiento simplificado.- Hasta antes de la audiencia preparatoria del juicio, en los casos en que se trate de delitos sancionados con una pena máxima de cinco años de privación de la libertad, y que no impliquen vulneración o perjuicio a intereses del Estado, y cuando el fiscal así lo solicite expresamente al juez de garantías, para que el caso se ventile y resuelva mediante el trámite de procedimiento simplificado, será competente para sustanciar y resolver dicho procedimiento, en audiencia oral y pública, el tribunal de garantías penales que por sorteo hubiera correspondido la competencia.

El tribunal de garantías penales convocará, previa solicitud del fiscal, a audiencia dentro de las veinte y cuatro horas si la persona está privada de su libertad, y dentro de cinco días si está en libertad.

Al inicio de la audiencia el tribunal de garantías penales explicará en presencia del procesado sobre las consecuencias del procedimiento simplificado. Posteriormente el fiscal formulará la acusación con relación a las pruebas que hasta la fecha haya producido. En todo momento el procesado podrá consultar con su abogado defensor. Se observarán las reglas aplicables al desarrollo de la audiencia de juzgamiento en el procedimiento ordinario.

Se podrán efectuar las alegaciones por los asuntos a los que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo innumerado agregado al artículo 226 de este Código, y si el tribunal de garantías penales observare que las alegaciones respecto de la existencia de causas de nulidad del proceso están debidamente sustentadas, declarará la nulidad a partir del acto procesal que lo invalida.

Descartando la existencia de vicios de procedimiento, procedibilidad e ilegalidad de pruebas, el tribunal de garantías penales podrá expedir sentencia declarando su culpabilidad o ratificando su inocencia, aplicando de ser el caso, una pena no mayor a la solicitada por el fiscal.

Si el juez de garantías penales no consiente en la aplicación del procedimiento simplificado, continuará la causa en procedimiento ordinario, que se sustanciará conforme a las reglas previstas en este Código, sin perjuicio del derecho de apelación que tienen las partes. En este caso no estará limitado el fiscal por la pena previamente solicitada.

Art. 115.- Sustitúyase el artículo 372 por el siguiente:

Art. 372.- Admitida la querella a trámite, se citará con la misma al querellado, quien la contestará en un plazo de diez días. Una vez contestada, el juez de garantías penales concederá un plazo de seis días para que las partes presenten sus pruebas documentales, soliciten los peritajes del caso y anuncien los testigos que deberán comparecer en su favor en la audiencia de la que habla el artículo siguiente.

Art. 116.- Sustitúyase el artículo 373 por el siguiente:

Art. 373.- Una vez que concluya el plazo para la presentación de prueba documental y anunciación de testigos, el juez de garantías penales señalará día y hora para la audiencia final, en la que el querellante y procesado podrán buscar un amigable componedor para que busque la conciliación que ponga fin al juicio.

Si no se lograre conciliación, se continuará con la audiencia y el querellante o su abogado, primeramente formalizará su acusación y presentará sus testigos y peritos previamente anunciados, y de forma oral relatarán la relación con la acusación formulada, pudiendo ser repreguntados por la contraparte y el juez de garantías penales.

Luego el procesado o su defensor procederán de igual forma con sus testigos presentados y pruebas.

A continuación se iniciará el debate concediéndole la palabra primeramente al accionante y luego al querellado, garantizando el derecho a réplica para ambas partes.

Si el querellante no asistiere con motivo justificado a la audiencia, el juez de garantías penales, de oficio, declarará desierta la acusación con los mismos efectos del abandono, sin perjuicio de que se la declare maliciosa y temeraria.

Si el procesado fuera quien no asiste a la audiencia, se continuará con la misma en su ausencia.

Terminada la audiencia el juez de garantías penales dictará sentencia en el plazo de cuatro días.

Se redactará un extracto de la audiencia que contendrá la identidad de los participantes y los puntos propuestos y debatidos. El acta será suscrita por el secretario, bajo su responsabilidad.

Art. 117.- Elimínese el artículo 374.

Art. 118.- En el artículo 391, agréguese el siguiente inciso:

“En las contravenciones de violencia intrafamiliar, la o el ofendido no requerirá presentar acusación particular para acceder a la indemnización de daños y perjuicios”.

Art. 119.- En el artículo 407, a continuación de la frase “copia de la sentencia para”, incorpórese la frase “los jueces de garantías penitenciarias”.

DISPOSICIONES GENERALES

 PRIMERA.- Todas las audiencias que se realicen en el proceso penal, serán grabadas y sus archivos magnetofónicos serán conservados.

SEGUNDA.- En todas las disposiciones de este Código donde se haga referencia a las frases: Corte Suprema, Corte Superior, Ministerio Público, Ministro Fiscal General, Ministro Fiscal de Distrito y Agente Fiscal, debe leerse: Corte Nacional de Justicia, Corte Provincial de Justicia, Fiscalía General del Estado, Fiscal General, Fiscal Provincial y Fiscal.

Suprímase la figura del defensor de oficio, contándose únicamente con el defensor público, a través de la Defensoría Pública como órgano autónomo de la Función Judicial.

TERCERA.- En los artículos 1, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 45.b, 55.5, la nomenclatura del Capítulo III del Título III, 70, 73, 77, 78, 85, 112, 115, 117, 141.5, 147, 149, 150, 152, 167, 167.2, 168.1, 170, 177, 182, 184, 185, 188, 189.4, 195, 209.7, 216.7, 218, 219, 220, 222, 222A, 223, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 248, 326, 378, 416, 419, 425, sustitúyase la palabra “imputado” por “procesado”.

CUARTA.- En los artículos 11, 25, 52, 62, la nomenclatura del Capítulo I del Título III, 69.2, 69.4, 94, 113, 118, 207, 208, 214, 220, 244, 376, sustitúyase la frase “Ministerio Público” por “Fiscalía”.

QUINTA.- En los artículos 11, 12, 16, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 55, 56, 57, 61, 67.c, 69.6, 76, 79, 82, 87, 92, 109, 115, 129, 130, 131, 139, 149, 150, 155, 156, 164, 166, 167, 168, 169, 177, 178, 181, 183, 187, 189, 192, 194, 195, 197, 203, 204, 209.3, 210, 216, 219, 222, 222A, 223, 237, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 321, 322, 329, 330, 344, 347, 371, 412, 413, 415, 420, 423, 425, 427, sustitúyanse las palabras “juez”, “jueces”, “juez penal” o “juez competente”, por “juez de garantías penales” o “jueces de garantías penales”, respectivamente.

SEXTA.- En los artículos 11, 12, 16, 21, 23, 25, 28, 31, 67.c, 69.6, 76, 79, 87, 90, 91, 92, 109, 115, 127, 129, 131, 133, 137, 138, 140, 143, 144, 149, 169, 216, 252, 255, 256, 259, nomenclatura de Capítulo II, 260, 261, 263, 264, 265, 268, 269, 271, 274, nomenclatura de Capítulo IV, 277, 278, 279, 281, 293, 294, 303, 310, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 330, 344, 347, 361, 412, 413, 415, 420, 423, 425, 428, sustitúyanse las palabras “tribunal”, “tribunales”, o “tribunal penal” por “tribunal de garantías penales” o “tribunales de garantías penales”, respectivamente.

SÉPTIMA.- En los artículos 21, 29, 30, 76, 316, 321, 322, 323, 335, 347, 358, 360, 363, 367, 376, 377, 381, 382, 410, 416, 423, 428, sustitúyase las palabras “Corte Suprema” y “Cortes Superiores” por “Corte Nacional” y “Cortes Provinciales”, respectivamente.

OCTAVA.- En los artículos 1, 12 y 15, a continuación de la frase “Constitución Política de la República”, agréguese la siguiente frase: “los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos,”.

 NOVENA.- En los artículos 163, 197, 205 y 280, sustitúyanse las palabras “aprehensión”, “aprehendido”, “aprehender”, por “detención”, “detenido” y “detener”, respectivamente.

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- En los artículos del Código de la Niñez y Adolescencia, que hagan referencia a los delitos de acción pública de instancia particular y el trámite previsto para los mismos, se entenderá el previsto para los delitos de acción penal pública.

 SEGUNDA.- Los procesos que actualmente se encuentren en trámite continuarán sustanciándose conforme a las reglas del Código de Procedimiento Penal vigente al tiempo de su inicio, y hasta su conclusión.

TERCERA.- Los jueces y tribunales que mantengan actualmente bajo su conocimiento y despacho causas que se tramiten conforme a las reglas previstas en el Código de Procedimiento Penal de 1983, las concluirán y resolverán en el plazo máximo de hasta seis meses, no pudiendo ser recusados ni será aplicable la disposición contenida en el artículo 203 de la Ley Orgánica de la Función Judicial. El incumplimiento de esta disposición será sancionado con la destitución del cargo.

El Consejo de la Judicatura será el órgano encargado de la ejecución, seguimiento y vigilancia de la presente disposición, a efectos de lograr su cabal e integral cumplimiento.

CUARTA.- Mientras se haga el nombramiento de los jueces suplentes a los que se refiere el artículo 266, continuarán actuando los jueces Ad-hoc.

QUINTA.- El Consejo de la Judicatura estructurará un cronograma de implementación progresiva de la presente reforma; salvo en el caso del principio de oportunidad, archivo provisional y definitivo, procedimiento simplificado, acuerdos reparatorios y suspensión provisional del procedimiento que se aplicarán de forma inmediata.

 

La implementación total de esta reforma deberá concluir en un plazo máximo de cinco años.

 

REFORMAS AL CÓDIGO PENAL

 

Art. 1.- Suprímanse los Capítulos VI del Título IV y el Capítulo IV del Título VI, del Libro II del Código Penal.

 Art. 2.- Sustitúyanse los artículos 197 y 198 por el siguiente:

 Art. 197.- Serán sancionados con penas de 2 meses a un año de prisión, quienes interceptaren sin orden judicial, conversaciones telefónicas o realizadas por medios afines y quienes se sustrajeran o abrieran sobres de correspondencia que pertenecieren a otro sin autorización expresa.

Se exime la responsabilidad de quien lo hizo cuando la intercepción telefónica o la apertura de sobres se produce por error, en forma accidental o fortuita.

Art. 3.- A continuación del numeral 9 del artículo 450, agréguese el siguiente numeral:

 10. Con odio o desprecio en razón de raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, edad, estado civil o discapacidad, de la víctima. 

Art. 4.- En el Art. 607, numeral 1 del Código Penal, reemplácese la expresión “un salario mínimo vital general” por “tres remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general”. 

Art. 5.- Sustitúyase el Capítulo Innumerado del Título II del Código Penal, por el siguiente:

 

CAPÍTULO…

 

DE LOS DELITOS DE ODIO 

Art…..- Será sancionado con prisión de seis meses a tres años el que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, sexo, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, edad, estado civil o discapacidad. 

Art….- Será sancionado con prisión de seis meses a dos años el que cometiere actos de violencia moral o física de odio o de desprecio contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, edad, estado civil o discapacidad.

Si de los actos de violencia a que se refiere este artículo, resultare herida alguna persona, los autores serán sancionados con prisión de dos a cinco años. Si dichos actos de violencia produjeren la muerte de una persona, sus autores serán sancionados con reclusión de doce a dieciséis años.

 Art….- Será sancionado con prisión de uno a tres años, el que en ejercicio de sus actividades profesionales, mercantiles o empresariales, niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho, o excluya a una persona o niegue o vulnere o restrinja los derechos consagrados en la Constitución, por razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, edad, estado civil o discapacidad.

 Art….- Al que, siendo servidor público, incurra en alguna de las conductas previstas en este capítulo o niegue o retarde a una persona un trámite o servicio al que tenga derecho, se sancionará conforme lo previsto en el artículo anterior. En estos casos el funcionario quedará inhabilitado para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.

 Esta Ley entrará en vigencia, a partir de su publicación en el Registro Oficial.

 Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los diecisiete días del mes de marzo de dos mil nueve.

f.) Fernando Cordero Cueva, Presidente de la Comisión Legislativa y de Fiscalización.

 

f.) Dr. Andrés Segovia S., Pro Secretario de la Comisión Legislativa y de Fiscalización.

CERTIFICO que la Comisión Legislativa y de Fiscalización discutió y aprobó el proyecto de LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Y AL CÓDIGO PENAL, en primer debate el 6 de enero de 2009, segundo debate el 11 de febrero de 2009 y se pronunció respecto a la objeción parcial del Presidente de la República el 17 de marzo de 2009.

  

Quito, 17 de marzo del 2009.

 

f.) Dr. Andrés Segovia S., Pro Secretario de la Comisión Legislativa y de Fiscalización.

 

  

Nº 20090003

 

Econ. Verónica Sión de Josse

MINISTRA DE TURISMO

 

Considerando:

 

Que, el señor Procurador General del Estado, mediante oficio Nº 05503 de 23 de diciembre del 2008, da a conocer que en el Acuerdo Ministerial Nº 200400025 publicado en el Registro Oficial Nº 343 de 27 de mayo del 2004, con el cual esta Cartera de Estado aprueba las reformas al estatuto de la Cámara Provincial de Turismo de Galápagos, CAPTURGAL, se evidencia un error en el domicilio, señalado en la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, cantón Santa Cruz, siendo que su domicilio principal es en la ciudad de Puerto Ayora, cantón Santa Cruz, provincia de Galápagos;

Que, el error se produce por un lapsus cálami, en vista de que en el estatuto codificado presentado para la aprobación de las reformas, consta en el Art. 2 “domicilio en la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, Cantón San Cristóbal. Su Oficina Principal estará ubicada en la ciudad de Puerto Ayora, Cantón Santa Cruz.”; y,

 

En ejercicio de las facultades que le confiere la ley, el Art. 17 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva y más normas jurídicas aplicables,

  

Acuerda:

 

ARTICULO UNICO.- En el punto pertinente, rectificar en el Acuerdo Ministerial Nº 200400025 publicado en el Registro Oficial Nº 343 de 27 de mayo del 2004, el domicilio de la Cámara Provincial de Turismo de Galápagos-CAPTURGAL, en donde dice: “Puerto Baquerizo Moreno, cantón Santa Cruz,” debe decir: “Puerto Ayora, cantón Santa Cruz,”.

 En lo demás se estará al contenido del acuerdo referido.

 

Comuníquese y publíquese.

 

Dado en Quito, 23 de enero del 2009.

 

f.) Econ. Verónica Sión de Josse.

 

 

No. 0097

 

LA DIRECTORA NACIONAL DE

HIDROCARBUROS, ENCARGADA

 

Considerando:

 

Que, el artículo 11 de la Ley de Hidrocarburos dispone que, la Dirección Nacional de Hidrocarburos es el organismo técnico – administrativo dependiente del Ministerio del ramo que controlará y fiscalizará las operaciones de hidrocarburos en forma directa o mediante la contratación de profesionales, firmas o empresas nacionales o extranjeras especializadas y velará por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y seguridad, sobre la base de los reglamentos que expida el Ministro del ramo;

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado, Privatización y Prestación de Servicios por parte de la Iniciativa Privada y el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, el Director Nacional de Hidrocarburos, se encuentra legalmente facultado para delegar sus atribuciones a los funcionarios u órganos de inferior jerarquía de la institución cuando así lo estime conveniente;

 

Que, el último inciso del Art. 91 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, determina que la extinción del acto administrativo la podrá realizar la misma autoridad que expidiera el acto o quien la sustituya en el cargo, así como cualquier autoridad jerárquicamente superior a ella;

Que, mediante acción de personal No. DARH-AS-2009-041, que rige a partir del 10 de febrero del 2009, se encarga la Dirección Nacional de Hidrocarburos de este Portafolio a la doctora Mónica Merino Orellana, hasta que se nombre al titular; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 28-A de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, en concordancia con el artículo 91 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

Resuelve:

 

Art. 1.- Derogar expresamente la Resolución No. 0040 de 27 de enero del 2009, suscrito por el Ing. Fernando Robalino Vargas, en su calidad de Director Nacional de Hidrocarburos, encargado.

Art. 2.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Comuníquese y publíquese.

 

Dada en Quito, Distrito Metropolitano, 10 de febrero del 2009.

 

f.) Dra. Mónica Merino Orellana, Directora Nacional de Hidrocarburos, Enc.

 

MINISTERIO DE MINAS Y PETROLEOS.- Es fiel copia del original.- Lo certifico.- Quito, a 27 de febrero del 2009.- f.) Susana Valencia, Gestión y Custodia de Documentación.

  

 

No. 0098

 

LA DIRECTORA NACIONAL DE

HIDROCARBUROS, ENCARGADA

 

Considerando:

 

Que, el artículo 11 de la Ley de Hidrocarburos dispone que, la Dirección Nacional de Hidrocarburos es el organismo técnico – administrativo dependiente del Ministerio del ramo que controlará y fiscalizará las operaciones de hidrocarburos en forma directa o mediante la contratación de profesionales, firmas o empresas nacionales o extranjeras especializadas y velará por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y seguridad, sobre la base de los reglamentos que expida el Ministro del ramo;

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado, Privatización y Prestación de Servicios por parte de la Iniciativa Privada y el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, el Director Nacional de Hidrocarburos, se encuentra legalmente facultado para delegar sus atribuciones a los funcionarios u órganos de inferior jerarquía de la institución cuando así lo estime conveniente;

Que, el último inciso del Art. 91 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, determina que la extinción del acto administrativo la podrá realizar la misma autoridad que expidiera el acto o quien la sustituya en el cargo, así como cualquier autoridad jerárquicamente superior a ella;

Que, mediante acción de personal No. DARH-AS-2009-041, que rige a partir del 10 de febrero del 2009, se encarga la Dirección Nacional de Hidrocarburos de este Portafolio a la doctora Mónica Merino Orellana, hasta que se nombre al titular; y,

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 28-A de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, en concordancia con el artículo 91 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

Resuelve:

 

Art. 1.- Derogar expresamente la Resolución No. 0041 de 27 de enero del 2009, suscrito por el Ing. Fernando Robalino Vargas, en su calidad de Director Nacional de Hidrocarburos, encargado.

 

Art. 2.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 Comuníquese y publíquese.

 

Dada en Quito, Distrito Metropolitano, 10 de febrero del 2009.

 

f.) Dra. Mónica Merino Orellana, Directora Nacional de Hidrocarburos, Enc.

 MINISTERIO DE MINAS Y PETROLEOS.- Es fiel copia del original.- Lo certifico.- Quito, a 27 de febrero del 2009.- f.) Susana Valencia, Gestión y Custodia de Documentación.

 

 

  

No. NAC-DGERCGC09-00173

 

EL DIRECTOR GENERAL DEL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Considerando:

 

Que de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, el Director General del Servicio de Rentas Internas tiene la facultad de expedir, mediante resoluciones, disposiciones de carácter general y obligatorio, necesarias para la aplicación de normas legales y reglamentarias y para la armonía y eficiencia de su administración;

Que la Disposición General Tercera de la Ley de Minería, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 517 del 29 de enero del 2009, dispone que el Servicio de Rentas Internas realice la recaudación de los valores correspondientes a las patentes y regalías a las que se refiere la ley;

 

Que el artículo 34 de la Ley de Minería establece el pago de la patente de conservación para la concesión de manera anual, hasta el 31 de marzo de cada año;

Que es obligación de la Administración Tributaria velar por el estricto cumplimiento de las normas, así como facilitar a los sujetos pasivos su cumplimiento; y,

 

En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias,

 

Resuelve:

 

Expedir el siguiente instructivo para el pago de la “patente de conservación para concesión” establecida en el artículo 34 de la Ley de Minería.

Art. 1.- Para el pago de la patente, los concesionarios mineros utilizarán el formulario No. 106 (Formulario Múltiple de Pagos) aprobado por el Servicio de Rentas Internas mediante Resolución NAC-DGER2005-0637, publicada en el Registro Oficial No. 186 del 12 de enero del 2006, colocando en la casilla “CODIGO DE IMPUESTO” el código 4076, que corresponde a la “patente de conservación para concesión” y en la casilla correspondiente a “Impuesto” el valor correspondiente a la patente de conservación.

El valor debe ser pagado en las instituciones del Sistema Financiero, facultadas para recaudar impuestos, hasta el mes de marzo de cada año.

Art. 2.- Para el pago de la patente de conservación no son aplicables las compensaciones ni notas de crédito tributarias.

 

Comuníquese y publíquese.

Dada en San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 17 de marzo del 2009.

Proveyó y firmó la resolución que antecede el Econ. Carlos Marx Carrasco, Director General del Servicio de Rentas Internas, en Quito, Distrito Metropolitano, a 17 de marzo del 2009.

 

Lo certifico.

 

f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General, Servicio de Rentas Internas.

  

No. NAC-DGERCGC09-00174

 

EL DIRECTOR GENERAL DEL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

 

Considerando:

 

Que según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 76 de la Ley de Régimen Tributario Interno, la base imponible de los productos sujetos al ICE, de producción nacional o bienes importados, se determinará con base en el precio de venta al público sugerido por el fabricante o importador, menos el IVA y el ICE o con base en los precios referenciales que mediante resolución establezca anualmente el Director General del Servicio de Rentas Internas. A esta base imponible se aplicarán las tarifas ad-valórem que se establecen en dicha ley; al 31 de diciembre de cada año o cada vez que se introduzca una modificación al precio, los fabricantes o importadores notificarán al Servicio de Rentas Internas la nueva base imponible y los precios de venta al público sugeridos para los productos elaborados o importados por ellos;

 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 82 ibídem, en el caso de los cigarrillos rubios nacionales o importados de ninguna manera podrá pagarse, por concepto de ICE, un monto en dólares inferior al que pague por este tributo la marca de cigarrillos rubios de mayor venta en el mercado nacional. Semestralmente el Servicio de Rentas Internas determinará sobre la base de la información presentada por los importadores y productores nacionales de cigarrillos, la marca de cigarrillos rubios de mayor venta en el mercado nacional y el monto del impuesto que corresponda por la misma. Además, se establece un precio mínimo que será igual a la marca de cigarrillos rubios de mayor venta en mercado nacional;

 

Que el precio de venta al público sugerido por cajetilla de 10 unidades de la marca de cigarrillos rubios LIDER – misma que de acuerdo a la información presentada por los importadores y productores nacionales de cigarrillos fue la de mayor venta en el mercado nacional durante el tercer y cuarto trimestre del 2008;

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, es competencia de esta Dirección, expedir resoluciones de carácter general, para la aplicación de las normas legales y reglamentarias, así como para la armonía y eficiencia de su administración; y,

 

En uso de sus facultades legales,

 

 Resuelve:

 

Art. Unico.- Sustituir el artículo 1 de la Resolución No NAC-DGER2008-1235, publicada en el Registro Oficial No. 434 del 26 de septiembre del 2008, por el siguiente:

 “Sobre la base de la información presentada por los importadores y productores nacionales de cigarrillos, se informa que la marca LIDER de cigarrillos rubios, fue la de mayor venta en el mercado nacional durante el tercer y cuarto trimestre del 2008, por lo tanto, para efectos de la liquidación y pago del impuesto a los consumos especiales sobre los cigarrillos rubios, se establece como precio mínimo, para la cajetilla de 20 unidades, un dólar de los Estados Unidos de América con sesenta centavos (USD 1,60) y, para la cajetilla de 10 unidades, ochenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD 0,80) que son precios de venta al público vigentes de estos productos.

Consecuentemente, el impuesto a los consumos especiales mínimo en el caso de cajetillas de cigarrillos rubios de 20 unidades será, de cero coma ocho cinco siete dólares de los Estados Unidos de América (USD 0,857); y, para la cajetilla de cigarrillos rubios de 10 unidades, será cero coma cuatro dos nueve dólares de los Estados Unidos de América (USD 0,429).

Las tres cifras milesimales, se utilizarán para el cálculo del impuesto sobre cada cajetilla. Para efectos de la declaración consolidada mensual en el formulario 105, el valor mensual resultante, se aproximará a dos cifras centesimales”.

 

Comuníquese y publíquese.

 

Quito, D. M., 17 de marzo del 2009.

 

Dictó y firmó la resolución que antecede, Carlos Marx Carrasco, Director General del Servicio de Rentas Internas, en Quito, D. M., a 17 de marzo del 2009.

 Lo certifico.

 f.) Dra. Alba Molina, Secretaria General del Servicio de Rentas Internas.

 

    

FE DE ERRATAS 

CORTE CONSTITUCIONAL

PARA EL PERIODO DE TRANSICION 

 

Quito, 17 de marzo de 2009

Oficio No. 210-CC-SG-2009

 

Señor licenciado

Luis Fernando Badillo

Director del Registro Oficial (E)

Presente.

 

 De mi consideración:

 

Me dirijo a usted con el propósito de solicitar la publicación de la Fe de Erratas con respecto a la Sentencia Interpretativa No. 0001-09-SIC-CC, adoptada en el caso No. 0005-09-IC, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 549 de 16 de marzo de 2009, página 2 en el numeral 1 en la parte de la Opinión del Secretario General Jurídico de la Presidencia de la República en los siguientes términos:

 Donde dice:

 

1.- “Que el Estado ecuatoriano suscribirá un contrato internacional de préstamo con un organismo multilateral de crédito u organismo internacional; esto es, Banco Internacional de Desarrollo BID lo cual no implica contratación pública y, por lo tanto no se aplica a las normas invocadas por el señor Procurador General del Estado”.

 Debe decir:

1.- Que el Estado ecuatoriano suscribirá un contrato internacional de préstamo con un organismo multilateral de crédito u organismo internacional; esto es, Banco Interamericano de Desarrollo BID lo cual no implica contratación pública y, por lo tanto no se aplica a las normas invocadas por el señor Procurador General del Estado.

 

Agradeciendo la atención a esta comunicación, me suscribo.

 

Atentamente,

  

f.) Dr. Arturo Larrea Jijón, Secretario General.

 

PREINSCRIPCION  DE SU NEGOCIO

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2 comentarios

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2 Respuestas a “Código de Procedimiento Penal del Ecuador

  1. FELICITACIONES POR HABER REALIZADO UN BLOG SOBRE TEMAS JURÍDICOS DE ECUADOR QUE MUCHA FALTA HACE, LLENANDO ESE VACÍO QUE VAN DEJANDO LOS SITIOS OFICIALES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, ÁNIMO Y ADELANTE A SEGUIR PENSANDO EN LOS TEMAS QUE LE INTERESA SABER A LOS ESTUDIANTES, A LOS ESTUDIOSOS, A LOS CIUDADANOS COMUNES Y A LAS PERSONAS DE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO A QUIENES SERVIRÁ DE MUCHA AYUDA Y ORIENTACIÓN .- GRACIAS